Política

El Juzgado traslada al TSJC la causa que iba a sentar este jueves en el banquillo al parlamentario Juan Pedro Hernández

El Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una causa contra el parlamentario lanzaroteño Juan Pedro Hernández (CC). La vista oral del juicio estaba fijada para ...

El Juzgado traslada al TSJC la causa que iba a sentar este jueves en el banquillo al parlamentario Juan Pedro Hernández

El Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una causa contra el parlamentario lanzaroteño Juan Pedro Hernández (CC). La vista oral del juicio estaba fijada para este jueves pero ha pasado al TSJC, que ahora tendrá que decidir si es el órgano competente para juzgarlo, por la condición de aforado de Hernández, que fue elegido parlamentario en mayo de 2011.

Los hechos se remontan a 1999, cuando Hernández era alcalde de Teguise (cargo que ocupó entre 1991 y 2005 por las siglas del PIL, así como desde esa fecha hasta 2007 y de nuevo entre 2009 y 2011 por CC). La Fiscalía le acusa de un delito de prevaricación urbanística y otro continuado contra la ordenación del territorio y pide dos años de prisión, una inhabilitación de diez años para cargo público y la anulación de las licencias.

Se trata de dos licencias, otorgadas ambas en 1999 en Teguise, una de ellas en el pueblo de Muñique y otra en Tahíche. Los dos casos son muy similares. Según el relato de la Fiscalía, el entonces alcalde otorgó las licencias (una para una vivienda unifamiliar y otra de construcción de una segunda planta) en suelo rústico, con informe desfavorable del arquitecto municipal y sin informe jurídico.

En el primer caso, el de Muñique, los terrenos estaban catalogados en el Plan Insular de Ordenación como núcleo rural y de valor ecológico y el Ayuntamiento de Teguise no tenía aprobado ningún planeamiento que delimitara la categoría del suelo, con lo cual se consideraba rústico. Para autorizar una construcción, el proyecto debía contar con licencia de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno o con la calificación territorial del Cabildo, algo que no se obtuvo.

En el segundo caso se dan similares circunstancias y además se suma el hecho de que hacía falta un informe previo de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, ya que la vivienda estaba afectada por el entorno del Bien de Interés Cultural de la sede de la Fundación César Manrique. Señala la Fiscalía en su escrito de acusación que muchas de estas circunstancias las hizo constar el arquitecto municipal en sus informes desfavorables.

S.G. / ACN Press