Después de un largo proceso judicial que ha durado más de seis años, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas ha dictado sentencia de fecha 27 de mayo de 2013 que resuelveel recurso interpuesto por el Cabildo contra las licencias que el ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió al empresario Luis Lleó autorizando la construcción del macro-proyecto de 1.012 viviendas, 220 locales y 2.559 plazas de garaje en Playa Blanca.
Dicho proyecto no pudo ser ejecutado porque las licencias fueron suspendidas cautelarmente (hasta que se dictase sentencia) por el mismo Juzgado en un Auto de 14 de septiembre de 2007, que accedió a la solicitud que en tal sentido formuló la defensa del Cabildo, apreciando la posible ilegalidad de los referidos permisos.
Ahora, más de seis años después de que se iniciara este procedimiento, el Juzgado ha dictado sentencia en la que se estima el recurso formulado por el Cabildo y se declaran nulas de pleno derecho las licencias que autorizaron el macro complejo residencial que promovía el empresario Luis Lleó.
Faltaban informes e infringía la normativa urbanística
El Juzgado declara en la sentencia que los permisos concedidos por el Ayuntamiento de Yaiza a la mercantil Costa Roja S.L. son absolutamente ilegales tanto por motivos de procedimiento (omisión de informes preceptivos) como por razones materiales de fondo (el proyecto infringe manifiestamente la normativa urbanística).
Así, por una parte, se declara en la sentencia que "el informe jurídico que obra en el expediente, carece del contenido propio para poder ser calificado como informe jurídico, al omitir referencia expresa a la solicitud formulada. Y esta falta de contenido conlleva la anulación del acto", añadiendo que, además, "en el presente caso, incluso se dicta el informe jurídico remitiéndose a lo que disponga un futuro informe técnico", concluyendo que "lo anterior es suficiente para anular los actos impugnados por incurrir en vicio de nulidad absoluta".
En cuanto a infracciones urbanísticas, la sentencia también aprecia la existencia de las que fueron alegadas por la defensa del Cabildo en este procedimiento, declarando que "deben ser estimadas igualmente el resto de las alegaciones formuladas por el Cabildo, al quedar acreditado que las licencias se otorgan para la construcción de un macro proyecto edificatorio (1.012 viviendas, 2.559 plazas de garajes y 220 locales comerciales) sobre unos terrenos que carecen de cualquier tipo de ordenación pormenorizada, vulnerado de forma abierta y absoluta lo dispuesto en el artículo 164 del Decreto Legislativo 1/2000. Así como igualmente se ha omitido el informe del Cabildo sobre la compatibilidad del proyecto con el PIOT, al no estar adaptado el Plan General de Ordenación de Yaiza al Plan Insular".
Asimismo, también se declara en la sentencia que "igualmente se incumple de forma ostensible los parámetros del PGO en el suelo afectado, una vez sean ordenados por el correspondiente planeamiento de desarrollo, al tener el proyecto una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida, tal y como se desprende del informe emitido por la Oficina del PIOT."
Procedimiento penal con seis imputados
Esta licencia concedida en su día por José Francisco Reyes también dio lugar a un procedimiento penal, que recientemente ha sumado nuevos imputados. En esa causa, elJuzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife y la Fiscalía de Medio Ambiente daban ya por hecha la ilegalidad de la licencia, que ahora ha sido por fin confirmada por una sentencia en la vía contencioso administrativa.
En el procedimiento penal, están imputados el ex alcalde de Yaiza, el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, por presuntos delitos de prevaricación urbanística en la concesión de esos permisos. Junto a ellos, desde el pasado mes de marzo están imputados también el abogado Felipe Fernández Camero y el reconocido catedrático Rafael Entrena Cuesta, así como el propio Luis Lleó, todos ellos por inducción a la prevaricación.
Además, a solicitud de la Fiscalía, la juez sumó también a la causa nuevos delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos, a raíz de un informe realizado por la UCO en el marco del caso Unión, que analizaba varios correos electrónicos de Luis Lleó. En ellos, se ponía de relieve que el empresario dio instrucciones al catedrático Rafael Entrena para realizar un informe que avalara la licencia del macro proyecto de Costa Roja. Quien pagó ese informe, que según el fiscal es "una absoluta farsa", fue el Ayuntamiento de Yaiza, que desembolsó 27.000 euros.
Origen del caso "Unión"
Después de ver bloqueado el proyecto, con las medidas cautelares adoptadas en su día por la Justicia, Luis Lleó volvió a intentar urbanizar la parcela de Costa Roja en el año 2008, con un presunto intento de soborno que dio lugar al caso "Unión". Así, el empresario tiene hasta dos causas penales por los intentos de desarrollar esta parcela.
En el caso "Unión", Lleó se enfrenta a una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel sólo por la pieza relacionada con Costa Roja, en la que también está imputado Fernando Becerra como intermediario del intento de soborno a Carlos Espino.
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