El nombre de Ignacio Calatayud fue el que más se repitió el pasado viernes durante las declaraciones de los tres imputados en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Los testimonios del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y de los gerentes del Consejo y del Consorcio Insular del Agua, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero, le sitúan como una pieza clave en la adopción de esta medida cautelar, que terminó con la entrega de la desaladora a la empresa Canal Gestión Lanzarote.
Además, no solo los imputados se refirieron reiteradamente a Calatayud. También lo hicieron el juez Jerónimo Alonso y la fiscal Laura Ordás durante el interrogatorio, en el que formularon distintas preguntas sobre este letrado. Y entre ellas, el juez le planteó una a Pedro San Ginés que abre un nuevo interrogante en esta causa: "¿Ignacio Calatayud era también en ese momento asesor jurídico de Canal Gestión?"
"Lo desconozco", respondió San Ginés, repitiendo la misma respuesta que dio a varias preguntas del juez y la fiscal. Así, el presidente dijo no saber si Calatayud trabajaba para Canal Gestión (a quien se le entregó la planta de Club Lanzarote), mientras a su vez "asesoraba" a San Ginés y a Hernández Duchemín para llevar a cabo la incautación.
Según el propio expediente del Consejo Insular de Aguas contra Club Lanzarote, la explotación y venta de agua de esa planta puede reportar beneficios millonarios. En el caso de Club Lanzarote, aplicando las tarifas que tenía, el Consejo considera que ingresaba 2.377.002 euros anuales. Ahora, es Canal Gestión quien recibe el dinero de la venta de agua a los vecinos y a los establecimientos turísticos del plan parcial Montaña Roja.
Calatayud, en todos los momentos clave
Aunque Pedro San Ginés ordenó la incautación de la desaladora sin ningún informe jurídico ni técnico previo que así lo avalara o lo propusiera por escrito, el letrado Ignacio Calatayud sí elaboró un dictamen ‘a posteriori’ (el único que existe sobre esta medida cautelar), cuando la planta ya había sido incautada. En ese informe, aseguraba que antes de que se adoptara la medida cautelar, San Ginés le había "consultado" y él le trasladó que "dicha medida era viable jurídicamente".
En su declaración como imputado el pasado viernes, tras reconocer que no había informes previos por escrito, Pedro San Ginés aseguró que había tenido asesoramiento "verbal" de Calatayud y del secretario del Cabildo, Pancho Perdomo. Además, apuntó que este abogado externo pudo ser incluso quien "redactó" la resolución que firmó el presidente ordenando la incautación de la desaladora.
"Desconozco quién es el autor material. Pudo ser el gerente del Consejo (José Juan Hernández Duchemín), el secretario (Pancho Perdomo) o el propio letrado externo (Ignacio Calatayud). O tal vez los tres participaron", sostuvo San Ginés, tras declarar que él no la elaboró y que nunca redacta las resoluciones que firma.
Por su parte, Hernández Duchemín (que se desmarcó totalmente de la decisión de incautar la desaladora) dijo que San Ginés puso "a su disposición" a este letrado antes de iniciar el expediente sancionador a Club Lanzarote. Incluso, según declaró Duchemín en los Juzgados, Calatayud fue quien le "asesoró" para realizar el informe que dio lugar a la apertura de ese expediente (y al que San Ginés sumó la medida cautelar de la incautación).
Presente también en la "toma de posesión" de la planta
Además, el letrado también estuvo presente en el otro momento clave: la ejecución material de la incautación, cuando acudieron con agentes de la Policía Local de Yaiza e incluso con un cerrajero a Montaña Roja para ocupar la planta. Por parte de la administración, en ese acto estuvo presente el gerente del Consorcio, Domingo Pérez Callero, que al declarar como imputado negó haber sido el "ejecutor" de esta medida.
Lo que sí confirmó es que "estaba presente un letrado llamado Ignacio Calatayud", que "entiende que prestaba asesoramiento jurídico, pero personalmente no vio que lo hiciera". Pérez Callero, que sostuvo en el Juzgado que él sólo acudió a hacer un inventario una vez que se realizara la incautación, declaró que él no dio órdenes para tomar posesión de la planta, aunque tampoco "recordaba" quién las dio.
Por su parte, San Ginés sí señaló al gerente del Consorcio como el responsable de ejecutar la incautación. Preguntado expresamente sobre la presencia de Calatayud en Montaña Roja, San Ginés respondió en un primer momento que "creía" que el abogado no acudió. Ante esa respuesta, tuvieron que mostrarle el acta que se levantó ese día al ejecutar la incautación, que sí reflejaba la presencia de Ignacio Calatayud. "Supongo que Domingo Pérez requeriría el acompañamiento del letrado", respondió el presidente al ver el documento.
Calatayud y Canal Gestión, en reuniones previas con Club Lanzarote
En su declaración, José Juan Hernández Duchemín también señaló que Ignacio Calatayud había participado incluso en reuniones que mantuvieron previamente con Club Lanzarote, antes de ordenar y ejecutar la incautación. En esos encuentros, según el gerente, se intentó llegar a un acuerdo con la empresa, porque entendían que estaba en una situación irregular al "no tener autorización para producir ni para vender" agua. "Había posibilidad de que se pudiera regularizar la situación", sostiene.
En esas reuniones, según Duchemín, junto al secretario del Cabildo y los gerentes del Consejo y del Consorcio de Aguas, participaba el propio Calatayud e incluso el gerente de Canal Gestión, Gerardo Díaz. Además, Calatayud "se prestó a tener una entrevista con el asesor jurídico de Club Lanzarote", que es un "catedrático de Derecho Administrativo de Madrid". Este catedrático, según el gerente, defendía que la situación de la planta "era legal" y que la empresa "no tenía por qué llegar a un acuerdo" con la administración.
"Creo que en julio le dio una respuesta negativa", agregó Duchemín sobre el resultado de esas conversaciones entre Calatayud y el asesor de Club Lanzarote. Dos meses después, el 16 de septiembre de 2014, el gerente del Consejo emitió un informe proponiendo abrir un expediente sancionador (según él asesorado por Calatayud), y 48 horas después se había incautado la planta, cumpliendo una resolución de San Ginés en la que proponía la incautación como medida cautelar.
Inmediatamente después, la planta fue entregada a Canal Gestión. Según Duchemín, el Consorcio del Agua era "el órgano competente" para hacerse cargo de la desaladora", pero carecía de "personal propio", y por eso se entregó a Canal Gestión Lanzarote, que "tenía una concesión" y "disponía de la capacidad necesaria para explotar las instalaciones". Desde entonces, es esta empresa quien vende y cobra el agua a los vecinos de Montaña Roja.