El Gobierno de Canarias exigió este martes al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, mayor autonomía en esta materia, sobre todo, para poder "mover personal funcionario que sobre en algún juzgado y pasarlo a otro". En una reunión de las Comunidades Autónomas con Caamaño, y en la que estuvieron presentes, entre otras, Cataluña, Navarra, Madrid y Galicia, hubo "fuertes discrepancias" con el titular de Justicia, según informa el Gobierno canario.
Los conflictos giraron en torno al "nulo avance" que para el Gobierno de Canarias ha realizado el Ministerio en los cambios sobre la gestión del personal de esta administración que han sido demandados "reiteradamente y de forma unánime" por toda las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia, entre las que se incluye Canarias.
Según explicó el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, la situación actual hace que, hoy por hoy, "ninguna comunidad autónoma pueda mover personal funcionario que le sobre en algún juzgado y pasarlo a otros a pesar de que paga sus nóminas, lo que dificulta enormemente la gestión y organización de la Administración de Justicia".
Esta posición, que fue transmitida al ministro de Justicia por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Navarra, Javier Caballero, que actuó como portavoz de todas las Comunidades Autónomas, "no obtuvo la respuesta deseada" por parte del ministro de Justicia. En este sentido, para Ruano, "la intervención de Caamaño demuestra, claramente, que el Ministerio no está dispuesto a acometer las reformas normativas necesarias para que el sistema de selección, promoción y movilidad de los funcionarios de Justicia dependa de las Comunidades Autónomas, lo que produce graves problemas de gestión del personal".
En concreto, Ruano explicó que esta situación ha provocado que, por ejemplo, "las plantillas de la Administración de Justicia de Canarias estén cubiertas, en un 55 por ciento, por personal interino".
Unidades de Apoyo Directo
El segundo aspecto que generó fuertes discrepancias fue "la inexistencia de avances" en la modificación de la Orden de 2005, lo que ha hecho que el Ministerio de Justicia aún no haya precisado la estructura máxima que deben tener las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPADS). Esto es, según Ruano, "imprescindible" para que "la nuevas Oficinas Judiciales cuenten con el número de funcionarios suficientes para llevar a cabo la gestión de todos los asuntos y para que el juez cuente con el apoyo necesario, dado que la gestión de la nueva Oficina Judicial dependerá de los secretarios judiciales".
Finalmente, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Navarra transmitió al ministro las reivindicaciones de las Comunidades Autónomas en cuanto al régimen jurídico de la Justicia Gratuita. Por su parte, según el Gobierno de Canarias, el ministro sólo informó de los avances que había realizado su departamento en el borrador de modificación de la Ley de Justicia Gratuita de 1996 y de los acuerdos territoriales del Ministerio con las Comunidades Autónomas sobre la Nueva Oficina Judicial.