Dos años de cárcel y 10 años de inhabilitación. Ésa es la pena que pide la Fiscalía para el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y para el todavía jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, por las licencias concedidas a Pedro de Armas en el Plan Parcial Playa Blanca.
Los tres se enfrentan a la misma petición de pena, por un delito continuado de prevaricación urbanística. Según el escrito de acusación del fiscal Ignacio Stampa, todos actuaron "con plena conciencia" de que las licencias "eran carentes de todo amparo legal y sólo tenían por objeto satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla de Lanzarote".
En total, Reyes autorizó la construcción de 66 villas, concediendo para ello dos licencias a distintos promotores. Sin embargo, las dos parcelas donde se autorizó la construcción pertenecían o habían pertenecido a Pedro de Armas. En uno de los casos, la licencia se concedió directamente a la empresa de De Armas, Marivista Lanzarote SL. En el otro, la licencia se otorgó a Villas Blancas Lanzarote SL, justo después de pasar por las manos del compañero de partido de José Francisco Reyes.
De Armas ganó 800.000 euros "en un día"
En el caso de esa segunda parcela, Pedro de Armas la compró y vendió en el mismo día, ganando 800.000 euros "en un momento" y "sin salir de la notaría". Así lo reveló otra causa judicial que continúa abierta contra De Armas por presunto blanqueo de capitales. Según esa investigación, los representantes de las tres empresas acudieron juntos a la notaría, donde Pedro de Armas formalizó la compra y a continuación la venta.
Un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), realizado dentro de esa otra causa abierta contra De Armas, sostiene que el anterior propietario de esas dos parcelas, la mercantil Xinxol SL, llevaba casi dos décadas intentando edificar, sin que el Ayuntamiento lo autorizara. Sin embargo, el Consistorio cambió el criterio después de que Pedro de Armas adquiriera esas parcelas. En ambos casos, las licencias se concedieron en un plan que estaba extinguido y donde no se podía construir, tal como venían advirtiendo el Cabildo de Lanzarote y distintos partidos políticos, asociaciones y colectivos ecologistas.
Según la Fiscalía, el ex alcalde concedió los permisos pese a ser consciente de su ilegalidad. En cuanto al secretario y el jefe de la Oficina Técnica, considera que emitieron informes "con la intención de dar apariencia de corrección jurídica a todo el trámite administrativo" y dando "premeditadamente" a José Francisco Reyes la "cobertura para justificar la concesión" de las licencias.
Advertencias del Cabildo y del Gobierno canario
Al igual que sucedió en otros casos, en su momento José Francisco Reyes ocultó esas licencias al Cabildo, para evitar que pudiera recurrirlas. Además, en el caso de las otorgadas a De Armas, Reyes se resistió a entregarlas incluso cuando el Juzgado le obligó a notificar a la Corporación insular todos los permisos que había concedido. Cuando finalmente el Cabildo tuvo conocimiento de esas licencias las recurrió en los tribunales, que ya ratificaron en su momento la ilegalidad no sólo de distintas licencias otorgadas en ese Plan Parcial, sino también del Plan en su conjunto.
En su relato de los hechos, la Fiscalía de Medio Ambiente arranca precisamente narrando la cronología del desarrollo de ese Plan Parcial, desde la aprobación del proyecto de urbanización. Tanto el secretario como el jefe de la Oficina Técnica emitieron informes favorables a esa aprobación, "a pesar de su manifiesta ilegalidad y contribuyendo de manera decisiva en el dictado final del decreto de concesión de licencia por el alcalde".
En cuanto a Reyes, el fiscal considera que también era plenamente consciente de la ilegalidad y aún así "decidió seguir adelante con el desarrollo del Plan Parcial Playa Blanca, haciendo caso omiso de las advertencias de ilegalidad del Cabildo y del propio Gobierno de Canarias, que un año antes había recurrido la aprobación de los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación". De hecho, cuando Reyes otorgó las licencias a De Armas, el Cabildo ya había recurrido incluso el proyecto de urbanización del Plan Parcial en los tribunales.