El Diputado del Común ha instado a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias a cumplir las órdenes de derribo firmes de tres de las 14 viviendas de La Bufona. En un escrito dirigido a la directora de esta agencia y fechado el pasado viernes, Jerónimo Saavedra señala que ante la "inactividad" de los propietarios de las viviendas, que no han demolido la parte que debían, es la Apmun quien debe "llevar a cumplimiento" esas órdenes. Además, advierte a la Apmun de que tiene el deber "inexcusable" de "restablecer el orden jurídico perturbado" por obras ilegales y de que cualquier decisión "en sentido contrario" a una orden de demolición podría suponer un "ilícito penal" y, por tanto, el Diputado del Común debería actuar, tal como marca la ley, denunciándolo ante el Ministerio Fiscal.
La resolución del Diputado del Común, que parte de una queja presentada por la familia Murillo (denunciante del caso de La Bufona), responde a los argumentos que la Agencia plasmaba en un informe anterior. Entre sus razonamientos, la Apmun alegaba que "existen varios litigios judiciales que impiden acometer las órdenes de demolición dictadas por esa Apmun", de las que por ahora solo 3 son firmes. Sin embargo, el Diputado responde que esas tres resoluciones "se asemejan a la santidad de la cosa juzgada". Entre esas casas con orden firme de derribo, Eduardo Murillo denunciaba que se encuentra la casa de la presidenta insular del Partido Popular, Astrid Pérez, con orden de derribo desde 2012.
La "ineficiencia de la Apmun" en su día ha llevado a "tener que derribar lo ilegal"
Para no ejecutar aún ese derribo, la Agencia apuntaba también que "motivos de racionalidad técnica y de eficacia y eficiencia" impiden ejecutar de forma individualizada esas órdenes. Jerónimo Saavedra responde a ese punto con contundencia, y afirma que "lo cierto es que por la ineficacia e ineficiencia" de la Apmun, al no llevar a cabo la orden de precinto de aquellas obras ilegales en el año 2000, "se está ahora en esta situación de tener que derribar lo ilegal, cuando sean firmes las demás órdenes de demolición de los afectados".
El Diputado del Común abunda en esta cuestión afirmando que la "falta de actuación en su día de la Apmun" originó múltiples pleitos que "se hubieren podido evitar". Recalca que la Apmun ya realizó "un grave incumplimiento legal de sus obligaciones en cuanto a la vigilancia del precinto y su respeto" y señala que "en este momento no se puede dar lugar a otro nuevo incumplimiento grave legal, la inejecución de las órdenes de derribo firmes existentes".
El escrito del Diputado del Común expone que la agencia también se excusó en los costes que tendrían esas demoliciones para las arcas públicas, algo que también refuta, señalando que correspondería a los afectados pagarlos. En este sentido, apunta que los afectados "optaron" por no cumplir las órdenes de derribo parcial, "contando además ahora con el beneplácito de la Apmun, que se escuda, para inejecutar dichas reposiciones de la realidad física alterada en un mayor coste del derribo cuando no tiene esa agencia que soportar coste alguno por ello". Así, sostiene que esos costes "repercuten directamente a los incumplidores" y que esos gastos "se exaccionan antes de su devengo y se recuperan, siempre, de forma directa y a cargo del incumplidor de la orden de demolición firme, por lo que no hay excusa alguna posible del mayor coste de la actuación". "De este modo, cualquier decisión en contrario no tiene amparo alguno en la legalidad vigente", concluye el Diputado.
Una obligación "inexcusable"
En su resolución, Jerónimo Saavedra recuerda a la Agencia sus "deberes legales" y le indica que "el restablecimiento del orden jurídico perturbado por las obras ilegales es de ejercicio inexcusable y se trata de una actividad administrativa reglada", algo que abarcaría las 14 viviendas de la urbanización y, particularmente, a las tres cuya orden de derribo es ya firme.
En cuanto a esas tres casas, apunta que también está entre los "deberes" de la Agencia "proceder a la ejecución subsidiaria de las tres órdenes de demolición firmes". Así, le indica que tiene también la obligación de "revocar cualquier acto administrativo que sea contrario a la ejecución subsidiaria" de esas órdenes firmes.
La Agencia tiene ahora la obligación de responder al Diputado del Común en el plazo de un mes, comunicándole las medidas adoptadas para el "cumplimiento" de su resolución". En caso de no hacerlo, tendrá que "motivar" el "rechazo de la sugerencia, advertencia, recomendación o recordatorio de deberes legales".