Eduardo Murillo, el propietario del suelo en la urbanización 'La Bufona' de Arrecife, sobre el que se construyeron las casas para las que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) acaba de iniciar el procedimiento de derribo, señala que los compradores de esas viviendas podrían haber sido estafados por la empresa promotora.
Murillo destaca que los propietarios afirman que compraron sus viviendas en un perímetro ya definido por muros de cemento sin saber que el terreno de su interior estaba catalogado como rústico de protección y valor natural ecológico y se pregunta por qué, en ese caso, no han denunciado estos hechos en los tribunales, tal y como han hecho los propietarios del plan parcial Playa Blanca, en Yaiza, que actuaron contra los promotores por ocultarles información sobre las casas.
Señala el propietario de los terrenos que esa posible estafa podría darse "en el momento que la vendedora declara en escritura de compraventa, que las viviendas estaban libres de cargas y gravámenes, cuando esto significaría faltar deliberadamente a la verdad, dado que la promotora Brisa Inversiones procedió a venderles unas viviendas que se encontraban afectadas por un expediente por infracción urbanística grave de la Apmun, por una denuncia penal de la Guardia Civil y por un procedimiento contencioso administrativo que ha dado lugar a la declaración de nulidad radical de este planeamiento de La Bufona del arquitecto Federico Echevarría".
Murillo no se explica por qué no se denunció a los promotores "si estos compradores entienden que se les ha engañado, que sin tener conocimiento de ello se les vendieron unas viviendas ilegalizables que ocupan un terreno que estaba catalogado como rústico de protección y valor natural ecológico, sin explicarles los problemas jurídicos que tenían estas casas".
Destaca igualmente que "si los propietarios tienen el convencimiento que la promotora Brisa Inversiones conocía la situación irregular de las viviendas que les vendía y no les informaron de ello, pudiera implicar un comportamiento doloso, además de quebrantar un elemental principio de buena fe integrado por el deber de informar, como también quebrantaría este principio, el que posteriormente a los contratos privados y previamente a la pretendida firma de la escritura pública, no informase la vendedora a estos compradores de la existencia de conflictos jurídicos y expedientes administrativos por infracción urbanística grave relacionados con estas viviendas".
S.G. / ACN Press
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