El convenio con el Cabildo para poner fin al pleito de la Cueva de los Verdes se llevó a Pleno de Haría el 29 de octubre de 2016 sin un informe económico que analizara la conveniencia o no de aceptarlo, ignorando así las advertencias que había realizado la secretaria interventora del Ayuntamiento. El de esta funcionaria fue además el único informe municipal que se incorporó al expediente y, lejos de ser favorable, incluía condicionantes que no se cumplieron.
"Con carácter previo a la adopción del acuerdo, deberá incorporarse al expediente informe del letrado designado por el Ayuntamiento que sirva de motivación al mismo, y acreditativo de que no resulta lesivo a los intereses municipales", señalaba la interventora en sus conclusiones.
Además, advertía de que ella no había podido realizar un "adecuado estudio" del convenio, debido a la premura con la que se le solicitó el informe, solo tres días antes de que se celebrara el Pleno. "El expediente y propuesta de acuerdo cuya aprobación se pretende ha sido remitido a esta intervención en fecha 26 de octubre de 2016, solicitándose la emisión de informe a la mayor brevedad posible, lo que no ha permitido la realización de un adecuado estudio del mismo", subrayaba en su dictamen.
"Favorable", pero solo a la posibilidad de llegar a un acuerdo
Por este motivo, la secretaria interventora explicaba que solo podía pronunciarse sobre si era posible o no llegar a un acuerdo extrajudicial para poner fin al pleito, que en este momento estaba pendiente del recurso del Cabildo contra la sentencia de primera instancia, que condenó a la institución insular a abandonar la Cueva de Los Verdes y a pagar una indemnización millonaria al Ayuntamiento de Haría.
Sobre este punto, la interventora sí se pronunciaba de manera "favorable", pero subrayando que lo que avalaba era la posibilidad de llegar a un acuerdo y no el acuerdo en sí que se había alcanzado, al no haber podido analizarlo ni contar con informes económicos. Aún así, el convenio se aprobó esa misma semana en el Pleno, con los votos en contra de toda la oposición y el apoyo del grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y Somos Lanzarote.
Después, cuando presentaron ese convenio en los Juzgados, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó el recurso del Cabildo ?que no lo había retirado y fue cuestionado por ello por el TSJC, que le volvió a reprochar su "errática" actitud procesal- y declaró firme la sentencia, remitiendo a la fase de ejecución la homologación o no del convenio.
Haría quiere modificar el convenio
Desde entonces, tanto el alcalde, Marci Acuña, como especialmente su socio de gobierno han venido hablando públicamente de la necesidad de modificar ese acuerdo con el Cabildo. Incluso, el teniente de alcalde de Haría, José Pérez Dorta, llegó a declarar en Radio Lanzarote ? Onda Cero que ya habían dado orden a sus servicios jurídicos para pedir la ejecución de la sentencia y para intentar anular el convenio.
Entre otras cosas, Pérez Dorta habló de la necesidad de aumentar la suma económica que iba a recibir Haría, que en su momento aceptaron sin contar con un estudio económico que confirmara si era justa la cantidad que negociaron. Una cantidad que no se iba a entregar en metálico sino a través de un "plan de inversiones" a diez años. Concretamente, el Cabildo se comprometía a realizar obras por un valor anual "no inferior a 600.000 euros", sumando así 6 millones de euros en una década, además de fijar el canon que pagarían en adelante los Centros Turísticos al Ayuntamiento.
Frente a ese convenio, lo que reconocía la sentencia al Ayuntamiento era una indemnización correspondiente a todo lo recaudado por la venta de entradas en la Cueva de Los Verdes desde que se inició el pleito y hasta que se proceda a la entrega definitiva de este centro turístico al Consistorio. Cuando se dictó el fallo, la cuantía de la indemnización se situaba en unos 12 millones de euros, pero la cifra sigue creciendo mientras no se ejecuta. Al firmarse el convenio, dos años después del primer fallo, podía alcanzar ya los 18 millones de euros, y desde entonces continúa aumentando.
"Necesario acreditar que no lesiona los derechos municipales"
"Resultaría necesario acreditar que el contenido del pretendido acuerdo, sus cláusulas concretas, no lesiona los derechos municipales", insistía el dictamen de la interventora emitido en 2016. Para ello, pedía expresamente que se solicitara un informe al abogado que había venido representando al Ayuntamiento en este pleito y que se incorporara al expediente, cosa que no se hizo.
Lo único que tenía el grupo de gobierno, según señalaba la secretaria interventora en su informe, era un correo electrónico de este letrado. En ese email señalaba que, "a su juicio", el acuerdo extrajudicial "no resulta lesivo para los intereses del Ayuntamiento y satisface razonablemente con la expectativa derivada de la sentencia dictada en instancia". Sin embargo, la interventora advirtió de que ese correo electrónico resultaba "insuficiente, a efectos de seguridad jurídica". Por eso, reiteraba "la necesidad de que se incorpore al expediente, previamente a la adopción del acuerdo, informe razonado emitido por el letrado".
Junto a este dictamen condicionado de la secretaria interventora, lo que se incorporó al expediente fue el informe de otro abogado externo, pero también de contenido jurídico y no económico. Es decir, que se limitaba a señalar que resulta "procesalmente ajustado a derecho" promover un acuerdo, pero no valoraba los términos económicos del que se había negociado con el Cabildo.
San Ginés rechaza negociar un nuevo convenio
"La valoración del clausulado del acuerdo debe ser realizada tras un análisis ponderado de las expectativas municipales, y posibilidades de ser alcanzadas, frente a las pretensiones y posiciones mantenidas tanto por el Cabildo de Lanzarote como por la EPEL CACTs", advertía la interventora en ese informe, al que el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, hizo repetidas alusiones durante el último Pleno de la Corporación insular. Sin embargo, lo hizo para asegurar que el informe era "favorable", obviando los condicionantes que incluía.
San Ginés hizo estas referencias durante la comparecencia solicitada por la oposición para que aclarara la situación en la que se encuentra el pleito de La Cueva, después de que la Justicia declarara firme la sentencia y de que el grupo de gobierno de Haría haya manifestado públicamente su intención de renegociar. Al respecto, San Ginés ha dejado claro que no tiene intención de alcanzar un nuevo acuerdo, lo que ha vuelto a bloquear la solución definitiva a este conflicto.