El concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, acaba de sumarse a la lista de imputados en el caso Stratvs. En la recta final de la instrucción, la juez Silvia Muñoz ha acordado citarle a declarar el próximo 2 de febrero, para que responda por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística, tanto por su participación en el expediente que autorizó la bodega, como por un supuesto incumplimiento de su deber de actuar ante las "actividades que venían desarrollándose ilegalmente" en Stratvs.
José Antonio (Tato) Rodríguez fue durante años concejal de Urbanismo bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, cuando se concedieron decenas de licencias ilegales, especialmente en Playa Blanca. Ahora, sigue ocupando ese mismo cargo en virtud del pacto entre Nueva Canarias y el PIL, con Gladys Acuña como alcaldesa. Pese a que ha sido responsable del área de Urbanismo en Yaiza en las dos últimas décadas, hasta ahora Rodríguez no había tenido que responder ante los tribunales en ninguna de las causas penales abiertas, ya que quien firmaba esas licencias ilegales era el alcalde. Sin embargo, en el caso Stratvs, el nombre del concejal sí ha aparecido en el expediente.
Concretamente, José Antonio Rodríguez firmó un decreto el 28 de junio de 2005, ejerciendo de alcalde accidental en reemplazo de Reyes. Y con ese decreto autorizó una prórroga de la licencia, así como la transferencia de la misma a una de las empresas de Juan Francisco Rosa, que hasta ese momento no había figurado como solicitante de los permisos.
Presunto delito por omisión
Además, atendiendo la solicitud del fiscal Ignacio Stampa, la juez también imputa a Rodríguez otro presunto delito de prevaricación urbanística por "omisión". Concretamente, la providencia de la juez se refiere a la "arbitraria ausencia de medidas como concejal de Urbanismo respecto a las actividades que venían desarrollándose ilegalmente en el complejo Stratvs".
El delito por omisión está recogido en el artículo 11 del Código Penal, que castiga a quienes teniendo obligación de actuar, no lo hacen, y a quienes, con esa inacción, causan igualmente un efecto perjudicial en el "bien jurídicamente protegido".
Junto a José Antonio Rodríguez, en la causa hay ya una veintena de imputados, entre los que se encuentran tanto el ex alcalde José Francisco Reyes como la actual alcaldesa, Gladys Acuña, que fue quien otorgó la licencia de apertura a la bodega. También están imputados otros tres concejales que entonces constituían la Junta de Gobierno (Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García y Leonardo Rodríguez). Además, entre otros hay imputados técnicos tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias, así como el propio Juan Francisco Rosa.