ACN.- El secretario ejecutivo de Asuntos Sociales del Centro Canario Nacionalista (CCN), Benito Codina, ha denunciado la supresión del ETEC, equipo técnico que establece la actual legislación, encargado del seguimiento del proceso reeducador de los menores de reforma en el Centro de Valle Tabares, para instaurar una Junta de Tratamiento, a modo y manera de un centro penitenciario ordinario, al igual que se ha suprimido el sistema denominado motivacional de notas, por el que se premiaba el buen comportamiento de los jóvenes.
Según Codina, esa la primera consecuencia de poner al frente del sistema de protección de menores, y de ejecución de medidas judiciales, que materialmente son de índole educativa, a un funcionario de prisiones en excedencia, «que presume de ser amigo íntimo del que fue subdirector del Centro de Nivaria, detenido el año pasado por denuncias de malos tratos».
El dirigente centrista ha mostrado también su preocupación porque en el Centro de La Montañeta, en Gran Canaria, las quejas referidas a los funcionarios de prisiones que la Consejería ha incorporado, «hacen mención de malas formas y prepotencia, tanto con los educadores como con los menores, con conductas sintomáticas tales como exigir al personal que se ponga en pie y salude cuando el director entra en una sala, aunque sea un taller o un aula y se esté trabajando, amonestándoseles verbalmente en caso de no hacerlo».
«Otro ejemplo de este modelo claramente penitenciario puesto en marcha es el cambio de denominación de dicho centro, que desde su fundación, en 1984, era el de Residencia Juvenil La Montañeta, y que ahora han venido a llamar Centro de Internamiento», asegura Codina.
El diputado indicó además el aparente absoluto desconocimiento del trabajo con los menores que tienen los actuales responsables y asesores de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, de los procedimientos, reglamentos y protocolos en vigor, «llegando en algunos casos a desconocer los tipos de regímenes existentes». En su opinión, habría que recordarles a esos responsables que los menores bajo medidas judiciales no están internos en los centros en calidad de presos, sino como internos en centros educativos con la finalidad de su reeducación y rehabilitación.