El Cabildo pondrá en conocimiento del Juzgado de Guardia de Arrecife las declaraciones de los testigos que comparecieron ante la comisión de investigación constituida para intentar esclarecer las supuesta reventa de entrada en los Centros Turísticos y todas las diligencias practicadas por dicha comisión durante sus dos meses de trabajo.
Manuel Fajardo, vicepresidente primero de la Corporación, insistió en que a pesar de que sería imposible encontrar pruebas contundentes para demostrar la supuesta reventa en los CACTs, así se encargue una auditoría de gestión de los últimos doce años, la decisión de llevar a los tribunales el trabajo de la comisión obedece a la gravedad de las denuncias ya no solo por la reventa de entradas, sino por la malversación de más de 18 millones de euros.
"Es en esa sede Penal donde los testigos que dicen conocer tales fechorías y las circunstancias que la rodearon habrán, bajo juramento y apercibimiento de que en caso de faltar a la verdad podrían cometer delito, de detallar lo que conocen para depurar responsabilidades de todo tipo sin que, a juicio de esta comisión, ello suponga ser tildados de chivatos sino muy al contrario de ejemplo de ciudadanos libres, solidarios, honestos y horados", dice textualmente el documento final redactado por la comisión.
Fajardo además anticipó que el Partido Socialista propondrá a sus socios de gobierno que el Cabildo se persone como acusación particular en un posible juicio.
Conclusiones de la comisión
La comisión resumió su trabajo en cinco puntos básicos a saber. Que las cuentas de los Centros Turísticos están integradas dentro de las de la Corporación, sin que conste en las dependencias del Cabildo que jamás partido político alguno, consejero, sindicato o particular, hubiere impugnado su aprobación.
Que las cuentas del Cabildo y por tanto la de los Cacts son auditadas anualmente, sin que tampoco conste impugnaciones o alegaciones.
Que sería un disparate el encargo de una auditoría externa para averiguar si hubo o no reventa de entradas, "siendo dicha labor más propia de un detective privado".
Que no han existido ni existen expedientes disciplinarios, ni de expulsión a ningún trabajador de los Cacts por la reventa de entradas en dichos centros de trabajo.
Y por último, la comisión deja constancia que su misión consistía sólo y exclusivamente "en la búsqueda de la verdad material de los hechos denunciados", advirtiendo de las dificultades encontradas porque algunos testigos, que haciendo uso de su derecho a remitirse a sus declaraciones previas judiciales, no quisieron contestar a las preguntas que se les pudieran realizar.
La comisión subraya las versiones diametralmente opuestas que encontró en torno a las denuncias formuladas por el líder sindical Andrés Barreto. Las denuncias de Barreto originaron la creación de la comisión a petición del Partido Popular.