El Juzgado que instruye la causa penal sobre Inalsa ha acordado volver a dirigirse al Cabildo de Lanzarote para reclamar documentación relativa a la supuesta obra de remodelación de la planta Lanzarote II, ya que el expediente que remitió la Corporación nada tiene que ver con esa obra. "No guarda relación ni con el objeto ni con el plazo de ejecución", señala el magistrado Ricardo Fiestras en una providencia fechada el pasado 28 de febrero, en la que también ordena practicar nuevas diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal.
Entre ellas, acuerda volver a citar a declarar a la que era consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, y al gerente, Rafael Elorrieta, que ya tienen una condena por prevaricación en una pieza del caso Unión, al haber autorizado pagos por servicios no prestados a Francisco Rodríguez Batllori por orden de Dimas Martín. Ahora, desde 2015 ambos se enfrentan a esta nueva investigación.
En la última resolución que vuelve a reactivar el caso Inalsa, el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ordena también reclamar al Cabildo "las facturas originales" de los pagos que se realizaron en relación a esas supuestas obras, por las que se abonaron 97.245 euros a dos empresas sin que conste siquiera un contrato. Además, reclama también que se identifique a la persona que autorizó esos pagos, ya que se investiga si se pudo incurrir en malversación de caudales públicos, así como a las personas que ocuparon los cargos de presidente, consejero delegado y gerente de Inalsa entre los años 2007 y 2009.
Diligencias para determinar si la obra se ejecutó
Paralelamente, y de cara a determinar si realmente esas obras de remodelación existieron, el magistrado ha acordado también solicitar que un técnico del Cabildo emita un informe señalando "si el estado actual de la planta Lanzarote II es el mismo que el contemplado en el proyecto original" y, en caso de que se realizaran modificaciones, "que indique cuáles y en qué fechas se produjeron".
Además, también acuerda dirigirse al Colegio de Arquitectos de Lanzarote y al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Lanzarote para que informen "si entre los años 2006 a 2008, ambos inclusive, se registraron proyectos de modificación de la Planta Desaladora Lanzarote II registrados por el Cabildo Insular de Lanzarote, por la mercantil Insular de Aguas de Lanzarote o por cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada".
Dividida en dos causas, una centrada en la etapa de San Ginés
Esta causa penal se inició a raíz de una denuncia presentada en el año 2013 por Alternativa Ciudadana. La Fiscalía vio entonces indicios de delito y solicitó la apertura de diligencias judiciales, pero en 2017 el Juzgado acordó archivar la causa. Sin embargo, esa decisión fue recurrida y se retomó la investigación, centrada desde entonces solo en cuatro obras en las que se detectaron irregularidades.
En ese momento, el Juzgado de Instrucción Número 4 decidió separar la causa, por un lado con la remodelación de Lanzarote II y por otro con otras tres obras. Así, Ricardo Fiestras asumió la primera y las otras las envió a reparto, recayendo en el Juzgado de Instrucción Número 1, que también mantiene abiertas diligencias, estando en este caso entre los investigados el actual presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.
En esa segunda causa se investiga la ampliación en el año 2007 del Centro de Producción Sur de agua desalada, con un coste de 1,8 millones de euros, y otros dos contratos correspondientes al mandato de San Ginés: uno de ellos, firmado en junio de 2010 y con un coste de 1,5 millones, correspondía a la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas y el otro, de agosto de 2012, es un expediente de contratación para la sustitución de tubería de la red de Inalsa, por valor de 1,2 millones de euros.
En cuanto a la causa que continúa en el Juzgado Número 4, entre los investigados figuran los ex consejeros de Inalsa Plácida Guerra y Mario Pérez, así como Rafael Elorrieta y Pedro Antonio Márquez Rodríguez. Todos ellos fueron citados a declarar hace más de tres años, pero en el caso de Guerra y Elorrieta se negaron a responder, señalando que no habían "podido examinar la totalidad del procedimiento". Ahora, el juez acuerda volver a citarles para el próximo 15 de abril, aunque Plácida Guerra ya ha pedido que se suspenda esa citación, al menos hasta que se reciba toda la documentación que acaba de volver a reclamar el Juzgado al Cabildo.