Después de que la presidenta Manuela Armas anunciara el inicio de las reuniones con los promotores afectados por la larga lista de sentencias judiciales que declaran ilegales otros tantos hoteles y establecimientos turísticos, los técnicos de la Corporación siguen analizando detalladamente el contenido de las sentencias.
Para Carlos Espino, el procedimiento a seguir está claro y empieza porque cada uno de los afectados por estas sentencias "se dirija alayuntamiento correspondiente e inicie el procedimiento de legalización, o lo que es lo mismo, que solicite los permisos y licencias de los que adolece su proyecto". Es un proceso, asegura Espino, "como el que sigue cualquier ciudadano y que en ningún caso está agravado por tratarse de hoteles".
En este sentido, el consejero es consciente de que se van a encontrar establecimientos que no puedan adaptarse a la legalidad y otros tantos que puedan hacerlo a través de cambios normativos. En este caso la postura del Cabildo parece clara: "aquellos que requieran de un cambio normativo, siempre guiado por el interés general, tendrán que pagar por las consecuencias de ese cambio".
Interés general
"No se trata en ningún caso de solventar problemas particulares o dar soluciones a medida, los cambios de planeamiento que se puedan llevar a cabo siempre van a responder al interés general", mantiene Espino. También tiene claro la Corporación que las distintas posibilidades de adaptarse a la legalidad tendrán que someterse a las sentencias judiciales y en ese sentido, " tenemos que hacer un trabajo serio y profundo para conocer cada uno de los incumplimientos de estos establecimientos, y saber de qué manera son subsanables". "Cualquier acuerdo", adelanta Espino, "deberá, por tanto, no solo responder al interés general sino respetar la norma que nos hemos dado. De lo contrario, cualquier tipo de acuerdo estaría condenado al fracaso".
El consejero lamenta que se haya llegado a este punto a pesar de las advertencias que venían haciendo y a pesar "de la voluntad de diálogo mostrada por el Cabildo desde hace tiempo".
En opinión de Espino, la Corporación "está donde le corresponde estar y donde la ley establece que esté. Ha quedado claro que esto no se trataba de una persecución política como se denunció en su momento por parte de sectores empresariales y se ha visto que no había inseguridad jurídica". Una afirmación que, según Espino, ha sido confirmada por la cascada de sentencias judiciales. Y pese a que sostiene que corresponde a los particulares comenzar el proceso de legalización, está convencido de que "el Cabildo va a ejercer el liderazgo de lo que tiene que suceder".