Política

El Cabildo afirma que las calificaciones territoriales se otorgan por resolución de la presidencia desde hace 10 años

El Cabildo de Lanzarote señala que las calificaciones territoriales se otorgan por resolución de la presidencia desde hace diez años, al igual que lo hacen el resto de los instituciones insulares. Desde la ...

El Cabildo de Lanzarote señala que las calificaciones territoriales se otorgan por resolución de la presidencia desde hace diez años, al igual que lo hacen el resto de los instituciones insulares. Desde la institución han salido a hacer esta aclaración a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que señala que debe ser el pleno el órgano competente para otorgarlas.

Desde el Cabildo aseguran que se otorgan de esta manera desde la entrada en vigor de la Ley del Territorio en 1999, por indicación de los servicios jurídicos y que desde entonces han firmado resoluciones todos los presidentes y consejeros de Política Territorial "de todos los signos políticos".

La sentencia del TSJC anula la denegación de una calificación territorial a un particular firmada por el ex presidente Francisco Cabrera en junio de 2005, según señala el Cabildo.

Destaca asimismo que "la anulación de esta calificación no puede extenderse a todas las calificaciones concedidas por el Cabildo". "Sólo podrían verse afectados los recursos contenciosos administrativos ya presentados por los interesados en los tribunales dentro del plazo legalmente establecido", asegura la corporación insular.

La primera corporación de la Isla considera que "de ninguna manera se puede pedir responsabilidad patrimonial a la institución por cuanto la ejecución de la sentencia simplemente comportaría llevar a pleno la calificación anulada".

Sin trascendencia

Asimismo, los servicios jurídicos de la Corporación también consideran que esta sentencia tiene nula trascendencia sobre el sentido de las calificaciones. Es decir, que al hacerse los informes técnicos y jurídicos conforme al ordenamiento insular (PIOT) o el ordenamiento municipal (PGOU de cada municipio), el sentido negativo o positivo de la calificación no cambiará.

Esta sentencia del TSJC no es firme, y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La corporación insular ya ha presentado la preparación del recurso de casación, paso previo y necesario a la formalización del recurso y el grupo de Gobierno tomará la decisión definitiva en las próximas semanas.