Ofertas abiertas antes de la reunión de la mesa de contratación y mostradas a una de las aspirantes; cambiazo de sobres; una propuesta ganadora que ni siquiera consta en el Registro de Entrada del Ayuntamiento; criterios de adjudicación "discrecionales" y basados en la opinión de un técnico que se iba a ver directamente beneficiado por la adjudicación; y pagos que terminaban triplicando y hasta cuadruplicando el valor del contrato que se había adjudicado, e incluso el valor de lo que realmente recibía el Consistorio. Ésos son algunos de los episodios que describe uno de los escritos de acusación del Ayuntamiento de Arrecife en la última pieza cerrada del caso Unión, en la que está personado como acusación particular, y que ha investigado la etapa de María Isabel Déniz en la Alcaldía de Arrecife
En ese escrito, centrado solo en los tres contratos distintos con Urbaser (inicialmente bajo el nombre de Tecmed), la propia institución describe la "trama de corrupción" que se instaló en el Ayuntamiento, que desembolsó "cifras astronómicas" por facturas infladas e incluso por obras que ni siquiera necesitaba, y que en realidad valían una tercera parte. Ése es el caso de las dos naves que construyó Urbaser, supuestamente como una "mejora" en su oferta en el concurso del servicio de recogida de basura, pero que en realidad facturó al Consistorio. Y el precio de esas naves, que en realidad "no eran necesarias" y que ni siquiera fueron tasadas ni presupuestadas por el Ayuntamiento sino por la propia empresa, disparó el precio del contrato.
En total, Urbaser iba a cobrar 2,1 millones de euros al año por el servicio de recogida de basura, pero a esto añadió el coste de unas naves que valoró en más de 6,2 millones de euros, además de los proyectos para ejecutar la obra, que cuantificó en otros 300.000 euros. Y Urbaser encargó la elaboración de esos proyectos a una empresa que pertenecía al jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, que a su vez era quien debía valorar las ofertas presentadas al concurso público.
Casi 6,3 millones por unas naves que no valían ni 2,6
"La adjudicación de este contrato (de recogida de basura) fue aprovechada ilegalmente para adjudicar de forma directa dos contratos de obras", "con clara infracción del objeto de la convocatoria pública y excediéndose manifiestamente de los límites de la licitación", señala el escrito de acusación del Consistorio, que subraya la "astronómica cifra" por la que se adjudicó la construcción de esas dos naves. Además, deja claro que en caso de haber sido necesarias, deberían haber salido a concurso, al igual que la redacción de los proyectos para ejecutarlas.
Sin embargo, ni si quiera era ése el caso, porque el escrito de acusación insiste en que no existía tal necesidad de esas naves. De hecho, la empresa adjudicataria estaba obligada a tener sus propios locales para prestar el servicio. Así lo establecía el pliego del concurso al que se presentó, y que es reproducido por el Consistorio en su escrito de acusación. "La cláusula 20 del pliego exigía que la empresa contratista dispusiese de naves para prestar el servicio público, con lo que se demuestra que estas dos obras, valoradas en más de 6 millones de euros, en realidad no eran muy necesarias", señala el escrito, que agrega que pese a ello, la empresa "ofertó hacer esas instalaciones en suelo público, endeudando el presupuesto público".
A esto, añade que "ni siquiera se sabe con certeza lo que ha costado a las arcas públicas, dado que no consta el coste real de la ejecución de esas dos naves". Para calcular la cantidad que habría sido presuntamente malversada, el Consistorio encargó tres informes que ha aportado ahora la causa. Y esos informes concluyen que una de las naves, por la que Urbaser pidió 3.937.733 euros, costó en realidad 1.711.503; mientras que por la otra el Ayuntamiento presidido por Isabel Déniz se comprometió a pagar 2.334.077 euros, cuando en realidad costó 887.627 euros. "El resultado de esta pericial es categórico al demostrar el perjuicio económico que se ha ocasionado al erario público mediante el pago de un precio alzado por estas dos naves que no se corresponde con la realidad", señala ahora el Consistorio en su escrito de acusación. En total, solo el precio presuntamente inflado de estas dos naves supuso el desvío de más de 3,6 millones de euros de dinero público, ya que se acordó el pago de casi 6,3 millones cuando en realidad su precio no llegaba a 2,6 millones.
"Endeudaron gravemente al Ayuntamiento y lo condenaron durante 25 años"
Además, en lugar de ir abonando esta suma a través de certificaciones de obra, se acordó un pago aplazado a 25 años, "con un sistema de facturas mensuales emitidas incluso antes de terminar la obra", ya que ni siquiera "se disponía de crédito presupuestario" para pagarla.
De esta forma, según el escrito de acusación del Consistorio, los acusados "endeudaron gravemente al Ayuntamiento", "condenándolo durante 25 años a pagar el coste de una obra que no fue comprobado por la oficina municipal ni sometido a concurrencia pública", y durante un periodo de tiempo que excedía con creces el plazo de la adjudicación del contrato que en realidad se estaba adjudicando, para la recogida de basura, y que tenía una vigencia de 10 años.
A esto se suma que la ejecución de esas naves corrió a cargo de la propia empresa adjudicataria (en ese momento bajo el nombre de Tecmed), y "la supervisión a cargo del socio del señor Arrocha", el técnico del Cabildo Manuel Jesús Spínola, también acusado en esta causa. Y es que ambos compartían empresas privadas, "en un entramado de sociedad que se creó para beneficiarse de los puestos que éstos ocupaban en las administraciones públicas", según el Ayuntamiento.
En cuanto al pago de esas naves, el Consistorio dejó de realizar el abono mensual comprometido a finales de 2009, poco después del estallido de la Operación Unión. Y la respuesta de Urbaser fue llevar al Consistorio a los tribunales, en un pleito contencioso administrativo para reclamar el dinero que sostiene que aún se le adeuda. Cabe recordar que esta misma semana se ha conocido una sentencia que rechaza el recurso presentado por la empresa reclamando el pago de estas sumas.
Así se amañó la adjudicación
En cuanto a la adjudicación del contrato en sí por la recogida de basura, que es lo que salió a concurso, el escrito de acusación del Ayuntamiento también detalla cómo se llevó a cabo el presunto amaño en la adjudicación. El primer paso fue "permitir que la empresa Urbaser conociera con anterioridad a la apertura de plicas el contenido del resto de ofertas", para lo que considera que actuaron "en connivencia" Rafael Arrocha, Isabel Déniz, el líder histórico del PIL, Dimas Martín, como "ascendente político absoluto", y el entonces secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, responsable de custodiar esos sobres junto con Arrocha. Para ello, el jefe de la Oficina Técnica acudió al Ayuntamiento "por la tarde, fuera del horario oficina", para abrir los sobres. "La cita fue anotada por Jacinto Álvarez en uno de sus cuadernos", recuerda el escrito de acusación del Consistorio, refiriéndose a esas libretas que guardaba el que era gerente de Urbaser en Lanzarote, y que fueron claves en la investigación.
Después, tras comprobar que su oferta no era la mejor posicionada, presentaron una nueva. Y esa segunda oferta ni siquiera aparece registrada en el Registro Municipal. Además, para "encubrir la apertura ilegal de los sobres", el Ayuntamiento sostiene que se cometió una nueva irregularidad en la mesa de contratación, donde los tres sobres de cada empresa debían haberse abierto por separado y, sin embargo "constan abiertos" en la misma sesión, "antes de comprobar que todas las empresas fuesen admitidas a la licitación".
"Ilicitudes a cambio de dinero, favores y regalos"
En cuanto al último paso, volvió a depender directamente de Arrocha, que fue el técnico encargado de informar de cada oferta. Así, propuso la contratación de Tecmed, que pese a los cambios introducidos, ni siquiera era "la opción más ventajosa" para el Ayuntamiento. Para ello, además de "puntuar unas ofertas opcionales no previstas en el pliego", es decir, las vinculadas a la construcción de las naves, también aplicó otros criterios subjetivos para decantarse por esa empresa.
"La puntuación más fuerte de las ofertas radicaba en los criterios donde el margen de discrecionalidad del técnico era mayor y que por tanto permitía una adjudicación discrecional", señala el escrito de acusación, que subraya que "hoy esto sería imposible con la nueva normativa", que entre otras cosas no deja la valoración de las ofertas en manos de un solo técnico.
Y todo esto, el Ayuntamiento sostiene que se hizo "a cambio de dinero y comisiones ilegales", tal como ha reflejado la instrucción de esta causa. "Todas esas ilicitudes", afirma, "se cometieron a cambio de las continuas contraprestaciones dinerarias, favores y regalos que efectuaba Jacinto Álvarez", como gerente primero de Tecmed y luego de Urbaser en Lanzarote, y con la "necesaria autorización" de dos directivos de la empresa en Madrid, Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso, que también están acusados en la causa. Según el escrito de acusación, tanto ellos como Jacinto Álvarez "compraron la voluntad de cargos públicos" del Consistorio.
Pagos millonarios y "multiplicados" por otros dos contratos con Urbaser
Aunque solo el contrato de recogida de basura durante 10 años, incluyendo la construcción de esas dos naves, ya suponía un pago de casi 22 millones de euros, no fueron ésas las únicas cantidades que Urbaser recibió del Ayuntamiento de Arrecife. Tal como había señalado la juez instructora, Silvia Muñoz, y como recoge la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística, el Ayuntamiento de Arrecife también detalla lo ocurrido con otros dos contratos que tenía el Consistorio con la misma empresa: uno por la limpieza viaria y otro por el mantenimiento de los parques y jardines del municipio.
En ambos casos, el Ayuntamiento terminó pagando el triple y hasta el cuádruple de la suma por la que se había adjudicado inicialmente el servicio. Y para ello, utilizaban "ilícitamente" el ius variandi, una figura jurídica que permite modificar las condiciones de un contrato.
"A partir de 1999 y hasta 2001, el concesionario fue llevando a cabo ampliaciones de sectores de limpieza con dotación de personal solicitadas por el Ayuntamiento", que después "facturaba ilegalmente por fuera del contrato", según relata el Consistorio. En el caso de la limpieza viaria, explica que se adjudicó por 413.032 euros en 1988 y "se incrementó de forma brutal mediante ampliaciones de contrato". De hecho, la empresa llegó a facturar hasta 1.010.195 euros de más al año, "con estas ampliaciones por fuera del contrato, que supusieron un incremento de casi un 250 por ciento" sobre el precio inicial.
Finalmente, en enero de 2002, la empresa pidió que esas ampliaciones se incorporaran de forma fija al canon, "al considerarlos servicios prestados de forma permanente", y su petición fue aprobada en el Pleno, que pasó a autorizar un canon anual de 1.475.376 euros, cuando el contrato inicial era de menos de la tercera parte. Una suerte similar corrió el contrato de parques y jardines, y en ambos casos el Ayuntamiento sostiene ahora que lo que realmente se hizo fue "una modificación del contrato que en realidad supuso adjudicar directamente a Urbaser dos nuevos contratos sin concurso público previo".
Además, en los años siguientes la cifra que se abonaba siguió creciendo. "En 2003 se aprobó la ampliación de medios personales y materiales y la modificación del plazo contractual, fijando el canon en 1.860.674 euros y el plazo en 10 años más", alcanzando ya el contrato un precio "cuatro veces superior al inicial", con una "violación atroz de las normas de contratación e incluso de normas sobre presupuesto público", según señala el Ayuntamiento en su escrito de acusación.
Por su parte, el presupuesto del contrato de parques y jardines había aumentado un 196 por ciento solo hasta el año 2002. Y tanto éste como el de vías y obras siguieron encareciéndose hasta 2009, en este caso con revisiones de precios, que incluso afectaban a los años anteriores. "Un resultado claramente perjudicial para la administración, que pagó un importe muy superior al que legalmente correspondía", señala el Ayuntamiento, que solo por estas dos tramas de Urbaser pide que los acusados devuelvan al Ayuntamiento casi 10 millones de euros.
Isabel Déniz y su "ambición por enriquecerse desmedidamente"
Además, para sostener las conclusiones de su escrito de acusación, el Ayuntamiento reproduce extractos de las libretas de Jacinto Álvarez, donde iba anotando los presuntos sobornos que pagó durante años a políticos y técnicos. "Isabel llamó histérica ante la postura de la empresa. Debe más de 4 millones de euros, dicen que este mes no nos pagan y encima la que se cabrea es ella. Insultando, ¡sí!, insultando y faltando al respeto. Entre ella y Arrocha se ponen de acuerdo para no hacer las revisiones y no pagar. Al primero porque le deben 18.000 euros de ius variandi y a la otra porque los 18.000 euros que va pidiendo, ya quiere 30.000", escribía el ex gerente de Urbaser en una de esas libretas.
Así, el Consistorio concluye que la ex alcaldesa, "con una ambición por enriquecerse desmedidamente, comenzó con una serie de exigencias periódicas de objetos de lujo como relojes, joyas, bolsos y pagos en dinero que fueron atendidos periódicamente por el señor Álvarez, que dejaba constancia en distintas agendas y cuadernos". Y todo ello, "en connivencia de todos los implicados, a cambio de comisiones ilegales de dinero, dádivas, favores, beneficio personal y enriquecimiento particular, aprovechando los puestos y las funciones públicas que desempeñaban los acusados, en claro detrimento del interés general y de las arcas públicas".