Aunque está pendiente del recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional, y de la solicitud de indulto ante el Consejo de Ministros, Dimas Martín no podrá seguir retrasando su ingreso en prisión.
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado oficialmente que en los próximos días "mandará exhorto al Juzgado Decano de Arrecife para que requiera al condenado a que se presente en prisión en el plazo de 10 días", para cumplir así la sentencia que le condenó a ocho años de prisión y quince de inhabilitación política por el caso del complejo agroindustrial.
De esta forma, en los primeros días del próximo mes de diciembre se llevará a cabo la ejecución de esta sentencia, emitida por la Audiencia Provincial de Las Palmas y ratificada por el Tribunal Supremo hace seis meses.
El motivo del retraso en esta ejecución estuvo en que, precisamente después de ratificar esa sentencia, el Tribunal Supremo recibió un escrito de la defensa de Dimas Martín, solicitando una aclaración y rectificación de la misma, porque entendía que no se pronunciaba sobre uno de los argumentos claves de la defensa, en el que sostenían que los hechos por los que se condenó al líder del PIL no supusieron un "quebranto patrimonial" para las arcas de la empresa que gestionaba el Complejo (EMAMTSA).
Sin embargo, la Sala de lo Penal del TS entiendió que no procedía aclarar la sentencia, porque "la resolución dictada contiene la fundamentación suficiente y necesaria para que los litigantes conozcan las razones de la desestimación de los dos motivos de su recurso".
Además, y tal como adelantó en primicia La Voz la pasada semana, el Supremo también rechazó el "incidente de nulidad" promovido por la defensa de Dimas Martín, al entender que "no se ponen de manifiesto violaciones concretas de preceptos legales" y que "el escrito solicitando la nulidad es, en realidad, un verdadero recurso contra la sentencia, que no está contemplado en nuestra legislación procesal".
Una vez desestimadas la aclaración y el incidente de nulidad, el Tribunal Supremo devolvió el caso a la Audiencia Provincial de Las Palmas, que este mismo martes, según ha confirmado en una nota de prensa oficial, ha recibido la sentencia del Supremo, y ahora "incoará la ejecutoria correspondiente".
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