No "tiene que saber" lo que cuesta una instalación eléctrica. Tampoco si el trabajo "se hace o no se hace". Incluso, durante su declaración como acusado en el juicio de la pieza 13 del caso Unión, el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, llegó a decir que ni siquiera tenía que fiscalizar las facturas del dueño de Proselan, José Daniel Hernández, antes de avalar el pago. Y es que, según el interventor, la ley no le obliga a hacerlo, porque se trataba de un "contrato menor" (el límite de los contratos menores que se pueden adjudicar sin concurso está en 18.000 euros en el caso de servicios, que es lo que la Fiscalía entiende que hubo en este caso, y en 50.000 euros en el caso de contratos de obras, que es lo que el interventor defiende que eran los supuestos trabajos de Proselan). En cualquier caso, la Fiscalía considera que también las facturas de contratos menores deben ser fiscalizadas por el interventor.
En total, el Ayuntamiento de Arrecife pagó el 26 de diciembre de 2008 diez facturas a este empresario (cinco a su nombre y cinco al nombre de la empresa), que sumaban entre todas 250.000 euros por supuestos trabajos de electricidad para 5 fiestas. Sin embargo, el tesorero declaró que "no le pareció extraño" que aparecieran tantas facturas juntas por servicios externos, ni que la mitad de esas facturas fueran para trabajos de montaje y la otra mitad para trabajos de desmontaje. Ni siquiera que unas facturas (las de montaje) estuvieran a nombre de José Daniel Hernández y las otras (las de desmontaje) a nombre de Proselan.
"El interventor puede poner reparos, pero cuando exista una justa causa", aseguró durante su declaración Carlos Sáenz, para el que la Fiscalía pide en esta causa seis años de prisión por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación, al haber consentido esos pagos. El fiscal, Ignacio Stampa, le preguntó expresamente por el papel del tesorero del Ayuntamiento y si había "discutido" el abono de esas facturas. "Yo creo que nuestro tesorero discute continuamente", respondió el interventor. "¿Discute por molestar?", le preguntó entonces el fiscal. Después, Sáenz matizó que "en este caso concreto" (de los pagos a Proselan), no recuerda que el tesorero "discutiera nada".
El tesorero advirtió de que faltaba "fundamento"
Sin embargo, el ex concejal José Miguel Rodríguez, también acusado en la causa, declaró que el tesorero le advirtió de que las órdenes de pago "tenían que venir con mayor fundamento, porque eran muy simples". El ex edil, que confesó haber "contribuido a malversar" dinero público al firmar esas facturas, explicó que lo hizo por el interventor. "Antes había consentido en otras de la misma manera, para que yo o mi partido nos lucráramos", declaró Rodríguez, que llegó a hablar de un "modus operandi" para el pago de facturas fraudulentas, en el que quien "tenía que estar siempre era Carlos Sáenz" (además de estar acusado en ésta y en otra pieza del caso Unión, Sáenz es el principal imputado en el caso Montecarlo).
Por su parte, el tesorero, Antonio Cabrera Panasco, que declaró como testigo en este juicio, aseguró que en el caso de los pagos al dueño de Proselan, él solo vio "la última hoja, la de la orden de pago, porque se quitaron todas las demás". Según explicó, eso fue una tónica habitual durante el año 2008. Hasta entonces, la orden "llegaba más completa", pero en aquella época no le remitían los expedientes sino solo ese último documento, que es el que le obliga a él, como tesorero, a realizar el pago.
"Si la orden de pago está firmada, para el tesorero es de obligado cumplimiento", explicó Cabrera Panasco, que declaró que quien sí tiene encomendada la misión de fiscalizar los pagos que se realizan es el interventor, independientemente de la cuantía del contrato. En este caso, ni siquiera existía un contrato firmado con José Daniel Hernández ni con Proselan, pero el interventor defendió que "según la ley, la factura equivale a un contrato".
"El tesorero usurpaba funciones que no le correspondían"
Durante su declaración, Carlos Sáenz llegó a decir que el tesorero "usurpaba constantemente funciones que no le correspondían", porque "en el cuerpo de funcionarios, cada uno tiene su misión". "Se quedaba con expedientes cuya guardia y custodia corresponde a Intervención", llegó a afirmar Sáenz.
Preguntado por si él había "sustraído" documentos de Tesorería relacionados con el caso Unión, el interventor respondió que "la guardia y custodia de documentos" le "corresponde" a él. "Si alguien se ha quedado con expedientes que no le corresponden, no he sido yo", afirmó. A continuación, llegó a hablar de una "sustracción de documentos" vinculados con esta causa, porque según él, el expediente estaba completo cuando se autorizó el pago (durante la instrucción declaró que no estaba completo, pero en el juicio afirmó que no recordaba haber hecho esa declaración).
"¿Y no denunció esa sustracción de documentos?", le preguntó el fiscal. "No", empezó respondiendo Carlos Sáenz. "Estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque los tiene usted", agregó después. "¿Está diciendo usted que los ha sustraído el fiscal? ¿Deducimos testimonio?", le interrumpió el juez que preside la Sala, advirtiéndole de lo que implicaba su afirmación, ante lo que el interventor rectificó y respondió que no.
"¿Está usted confundiendo causas en las que está imputado?", le preguntó entonces el fiscal, Ignacio Stampa, que podía estar refiriéndose así al caso Montecarlo. Esa causa, que investiga también presuntos delitos de malversación de caudales públicos, se inició por una denuncia anónima que se presentó en Fiscalía, advirtiendo de presuntas ilegalidades en expedientes de pago del Ayuntamiento de Arrecife. Y tanto en ese caso como en el Caso Unión, los Juzgados han ido reclamando distintos expedientes al Consistorio dentro de la investigación.
Retención de crédito después de realizar el gasto
En el juicio, Carlos Sáenz dijo que "no recuerda" haber dicho durante la instrucción que los expedientes de esos pagos "no estuvieran completos", y tampoco recordaba si hizo previamente una retención de crédito para los pagos a Proselan. "La ley no lo define como obligatorio. Es una prevención. No tiene mayor importancia", insistió.
Para las 10 facturas que se pagaron en diciembre de 2018, Sáenz no había hecho antes una retención de crédito, que se realiza al firmar un contrato (o, en este caso, al realizar un encargo de forma "verbal" y aceptar el presupuesto). Sin embargo, para las otras cuatro facturas que presentó José Daniel Hernández en 2009, sí se hizo esa retención de crédito, pero a posteriori. De hecho, Carlos Sáenz realizó esa retención de crédito cuando ya habían pasado las fiestas en las que supuestamente Hernández había prestado sus servicios.
"¿Cómo puede usted firmar una retención de crédito de más de 97.000 euros por trabajos ya realizados, por un gasto que el Ayuntamiento ya ha hecho?", le preguntó el fiscal. "No tiene sentido", terminó respondiendo el interventor, cuando le mostraron el documento en el juicio. En el caso de esas cuatro últimas facturas, no se llegaron a cobrar porque el Ayuntamiento bloqueó los pagos después de que fueran detectadas por el área de Festejos, tras el estallido de la operación Unión.
José Miguel Rodríguez "consistió"
Pese a que los supuestos trabajos realizados correspondían al área de Festejos, quien realizó el encargo fue otro de los acusados, el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, mientras que el gasto se cargó a la Concejalía de José Miguel Rodríguez, que llevaba Hacienda y Urbanismo. "Yo puse de manifiesto que Festejos siempre se gastaba las partidas. El concejal dijo que en su área había presupuesto. El consintió. Me autoriza a que lo cargue. Tenía una partida que durante el ejercicio prácticamente no había tocado", explicó el interventor para justificar que esas facturas se cargaran a una Concejalía, la de Rodríguez, que nada tenía que ver con el área de Festejos.
Según Carlos Sáenz, esa Concejalía "no quiere que se cargue a su área más que las actuaciones", así que era "habitual" que otras áreas asumieran ese tipo de costes. "La Concejalía de Hacienda no sé, pero otras áreas sí", respondió a preguntas de la acusación, sosteniendo que ha firmado "muchísimas" órdenes de pago similares. Cabe recordar que fue la propia Concejalía de Festejos quien paró los pagos a Proselan y denunció lo sucedido en el año 2009, tras detectar estas facturas.
Un registro paralelo de facturas en Intervención
Sáenz también tuvo que responder sobre el registro paralelo de facturas que existía en Intervención, tal como se puso de relieve ya en el primer juicio del caso Unión, por los pagos a Francisco Rodríguez Batllori. Aunque las facturas deben entrar por el Registro General del Ayuntamiento, varios técnicos confirmaron en ese juicio que en Intervención se hacía un "registro manual", dando entrada a determinadas facturas. "¿Es cierto que la secretaria requisó después ese sello, lo suprimió?", le preguntó el fiscal al interventor, que no terminó de concretar su respuesta y concluyó diciendo que eso está "dentro de las competencias de Secretaría".
En cuanto a la primera declaración que prestó en los Juzgados durante la instrucción de esta causa, Carlos Sáenz dijo durante el juicio que no iba a ratificarla. "No estoy de acuerdo en absoluto", empezó afirmando, para después agregar que mantiene esa declaración, pero "con reparos", ya que considera que "no se reflejó correctamente lo que dijo" y que había "cuestiones técnicas que no se ponían bien o con la precisión debida".
"¿Y por qué firmó entonces el acta de la declaración?", le plantearon. "No me explicaron la importancia de firmarla", respondió el interventor, ante lo que el fiscal le preguntó "si también con las facturas de Proselan firmaba igual".