El abogado Felipe Fernández Camero, en representación del Ayuntamiento de Yaiza, solicitó al Juzgado número 3 de lo contencioso administrativo de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 3 de noviembre que los informes de compatibilidad de los proyectos hoteleros con el Plan Insular de Ordenación (PIOL) los firme únicamente el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés.
Camero hizo esta solicitud dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del proceso iniciado por la empresa panameña Urena Mountain, y dentro del periodo de alegaciones a la providencia de la jueza Olimpia Martín del pasado 23 de septiembre, por la que aceptaba la recusación de dos técnicos de la Oficina del PIOL solicitada por la empresa.
Urena, representada por el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, consiguió una licencia del Ayuntamiento de Yaiza para construir un hotel, aunque finalmente no lo construyó. La licencia fue recurrida por el Cabildo y la Fundación César Manrique (FCM) y la Justicia dio la razón a esta última. En la fase de ejecución de sentencia, la empresa debe realizar los mismos trámites para comprobar si se puede conceder o no esa licencia.
En esa fase, Urena Mountain solicitó dos informes del PIOL que fueron negativos, pero la sociedad recusó a los técnicos Leopoldo Díaz y Esteban Armas, por su relación con la FCM. El Cabildo decidió decido apartar a los técnicos y el Juzgado de lo contencioso número 3 de Las Palmas también optó por esa decisión, que ha recurrido a su vez al FCM.
Ahora, la tesis del abogado del Ayuntamiento de Yaiza es que el Juzgado devuelva el informe de compatibilidad con el PIOL en este proceso y que ni ése ni ningún otro informe firmado por empleados del Cabildo pueda ser considerado como informe de compatibilidad. Señala el abogado que el único informe que puede tener esa consideración es el que firme el presidente del Cabildo en forma de resolución, "una vez que concluya el procedimiento administrativo que se tramite con tal fin".
En sus alegaciones, de nueve folios, Camero sostiene que el informe de compatibilidad no es atribución de los empleados, ya que éstos no tienen reconocida la capacidad legal de dictar "verdaderos actos, y menos aún los que afecten a terceros interesados en procedimientos de la competencia de otras administraciones".
Camero asegura que dicho informe lo contemplaba el propio PIOL como "la decisión finalizadora de un procedimiento". "Cualquier informe que emane del personal del Cabildo insular de Lanzarote adscrito a su oficina del PIOL no puede ser considerado como el informe o dictamen de compatibilidad", dice el texto presentado en el Juzgado.
Exceso
El abogado asegura que se observa un "exceso" en los informes de compatibilidad "últimamente emitidos por la Oficina del PIOL" y que en la actualidad no existe en el Plan Insular ninguna programación relativa a la implantación de uso turístico que sea aplicable en ningún espacio de Lanzarote, refiriéndose a la anulación de la Moratoria por parte de los tribunales.
Señala que toda programación de plazas es inaplicable puesto que la Moratoria de 2000 está anulada y la del Plan de 1991 quedó extinguida en diciembre de 2000, pero que sin embargo la Oficina del PIOL aplica "indebidamente" los criterios para después del año 2000 dirigidos al planeamiento municipal contenidos en las fichas de los planes parciales en vigor.
Califica, por último, esos informes de compatibilidad como improcedentes, ya que "no son conformes con el ordenamiento jurídico", porque no se limitan a comprobar si la licencia se adecua a las determinaciones del PIOL, sino que "indebida e ilegalmente la extienden a otras cuestiones que no deben ser tenidas por puestas".
Polémica
Los informes de compatibilidad con el PIOL emitidos por los técnicos del Cabildo son un obstáculo para conseguir una posible legalización de esos hoteles con licencia anulada. En las últimas semanas se vive una polémica en el Cabildo por la decisión del presidente, Pedro San Ginés, avalada después por el Juzgado, de apartar a los dos técnicos del procedimiento.
El PSOE, en la oposición, ha criticado a San Ginés por "desmantelar" la Oficina del PIOL al nombrar un nuevo director insular y por estar, según los socialistas, al servicio de un lobby empresarial. La pasada semana se conocía que el empresario Juan Francisco Rosa solicitó en agosto a San Ginés que apartara a esos dos técnicos del procedimiento de sus hoteles por "enemistad manifiesta".
Camero, que fue detenido la pasada semana por la Guardia Civil dentro del caso "Unión", es además el abogado de Juan Francisco Rosa en ese procedimiento. Además, tanto Camero como Rosa e Ignacio Díaz de Aguilar están imputados en el proceso penal que se sigue por la concesión de licencias ilegales en Yaiza. Otra de las polémicas suscitadas en las últimas semanas en el Cabildo es la relación del asesor jurídico de San Ginés, Ignacio Calatayud, con Díaz de Aguilar y con Camero, ya que trabajó en ambos despachos y es yerno del segundo.
ACN Press