El Cabildo de Lanzarote mantiene firme su rechazo a la instalación de jaulas marinas frente al litoral de la Isla, denegando en el Pleno Extraordinario celebrado durante esta mañana la moción del Grupo CCa-PNC “para la adopción de diversos acuerdos en torno al Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC)”.
En el 2004, el Cabildo insular envió a la Viceconsejería de Pesca y Aguas una ‘propuesta de estudio para la ubicación idónea de actividades de acuicultura en la Isla de Lanzarote’, en la que se señalan “una serie de zonas descartadas” para la instalación de jaulas marinas.
Fijándose como tal la Punta de Pechiguera hasta la costa de Tinajo, incluido el Parque Nacional de Timanfaya, además de la zona Bajo Guerra hasta las salinas bajo el Risco de Famara; la Punta Fariones hasta Punta Usajes (Jameos del Agua), así como el Risco de Mala hasta Punta Los Ancones, y por último todo el litoral de Arrecife, y la zona de Puerto del Carmen.
De esta forma, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, explicó que se manifestó “la expresa oposición” a la instalación de estas jaulas, a lo que “de manera inexplicable el Gobierno de Coalición Canaria desprecia y el 9 de Julio de 2018 se aprueba definitivamente el PROAC, incluyendo el litoral de Arrecife y Tías, en contra de lo propuesto por la Institución insular”.
“Ante los oídos sordos del Ejecutivo regional a la propuesta de Lanzarote, lo normal habría sido plantear un contencioso contra el Decreto de la Consejería, pero en julio de 2018, el por aquel entonces presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, prestó más atención a otras cuestiones, en detrimento de un problema que atenta contra los intereses de Lanzarote”, aseveró la presidenta.
“La irresponsable inactividad del Cabildo de Coalición Canaria permitió que se aprobara sin oposición un decreto del Gobierno de Coalición Canaria lesivo para los intereses de la Isla”, insistió Dolores Corujo.
“El Cabildo no puede solicitar las competencias en materia de acuicultura por una sencilla razón: son competencias propias del Cabildo”
El Cabildo detalla que el pasado 31 de marzo se formalizó el oportuno Recurso de Reposición contra la Orden de 11 de febrero de 2021, en el que se solicitaba “la revocación de la Orden”, instando, además, su suspensión. A ello, siguieron varios rechazos a varias de las solicitudes del Cabildo de Lanzarote.
Contra la aprobación de estas bases, señalan qu se ha interpuesto el pasado 17 de diciembre “un requerimiento previo, por no existir el recurso de alzada entre administraciones”. Añaden que en este requerimiento previo se ha solicitado, también, “la suspensión de la resolución en tanto se resuelve el requerimiento o el posterior contencioso”.
Por último, apuntan desde el Cabildo que queda una última línea de actuación relacionada con la titularidad de las competencias sobre acuicultura.
“El Cabildo no puede solicitar las competencias en materia de acuicultura por una sencilla razón: son competencias propias del Cabildo. Ya son competencias nuestras, y el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, aprobado el 21 de diciembre de 2004, indica de manera palmaria que le corresponde al Cabildo la aprobación de las bases del concurso público de proyectos, argumento incontestable para la nulidad radical de la publicación de las bases por ser materia reservada a la Primera Institución insular”, detalló la presidenta.
“El problema generado por la posible autorización para instalar jaulas marinas frente a nuestro litoral es fruto de tres circunstancias: el desprecio de Coalición Canaria a Lanzarote, de su gobierno de Canarias a este Cabildo, pues ignoró de manera prepotente y escandalosa la propuesta de esta institución en el año 2004, la irresponsable inactividad de Pedro San Ginés, pues bajo su mandato este Cabildo no presentó recurso a la aprobación definitiva del PROAC en julio de 2018, y el error cometido por la Dirección General de Pesca el pasado 28 de octubre al dictar una resolución sin ser el órgano competente para ello, puesto que el Estatuto 15 de Autonomía y el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias atribuyen la competencia al Cabildo”, apuntó.
“Así es que, con respecto a las peticiones formuladas a través de esta moción, ya hemos dado instrucciones para la interposición del recurso contra la orden de 11 de febrero; no vamos a presentar recurso de alzada frente a la publicación de las bases del concurso público porque es imposible, no existe esa figura; ya hemos solicitado la suspensión cautelar del concurso; no vamos a promover la modificación del PROAC, al menos inicialmente, porque nuestro objetivo es su anulación; y no, no vamos a solicitar la transferencia efectiva de competencias porque son nuestras. Es por todo ello que se rechazan todos los puntos de la moción”, concluyó Dolores Corujo.