El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha mostrado su disponibilidad absoluta a reunirse con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas, para abordar el informe sobre las licencias urbanísticas ilegales dado a conocer el pasado viernes. Berriel adelanta, sin embargo, que las posibilidades de cambio en la Ley de Medidas Urgentes, se limitan a las enmiendas que puedan presentar al texto los grupos parlamentarios, dado que la ley ha pasado ya el tramite inicial.
El consejero, al que este lunes por la mañana aúnno le constaba la solicitud de reunión hecha por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, aseguró que "por supuesto aceptará la solicitud para reunirse con Manuela Armasen el menor tiempo posible" y recordó que el Gobierno de Canarias mostró en un momento previo, la disposición a modificar algunos aspectos de la Ley para intentar solventar los problemas derivados de las licencias ilegales en Lanzarote.
Según Berriel, "elGobierno de Canarias había dicho que si había un consenso institucional y unanimidad en la isla, estaba dispuesto a incorporar a la Ley de Medidas Urgentes aquellas determinaciones que facilitaran el tránsito a la legalidadde los hoteles, siempre y cuando no hubiese infracciones urbanísticas por parte de los establecimientos que no pudieran adaptarse al marco urbanístico". Sin embargo, el responsable de Política Territorial sigue lamentando que "en ese momento no se produjo la unanimidad necesaria pese a los intentos que se hicieron en las reuniones convocadas. El Gobierno, por eso, no incluyó las determinacionesen la ley, que tenía claro podrían ayudar a resolver este grave problema que tienen el sector en la isla y que afecta a toda Lanzarote por ser cuestiones tan importantes".
Con ese planteamiento, adelanta Berriel, su Consejería está dispuesta a estudiar todo cuanto la presidenta del Cabildo proponga en ese encuentro, pero insiste en que en cualquier caso, los cambios en la Ley de Medidas Urgentes pasan por la vía de las enmiendas que presenten los grupos políticos al Proyecto de ley, cuyo trámite depende del debate en la Cámara autonómica