El Ayuntamiento de Arrecife ya ha presentado su escrito de acusación en la última pieza cerrada del caso Unión, en la que está personado como acusación particular y pide 16 años de cárcel para la ex alcaldesa, María Isabel Déniz, solo por las dos tramas vinculadas a Urbaser. A esto habría que sumar lo que solicita por la tercera trama que se investiga en esta misma pieza, por la adjudicación del pabellón de deportes de Argana a FCC, ya que el Consistorio ha presentado dos escritos de calificación separados dentro de esta misma pieza.
En el escrito al que ha tenido acceso La Voz, que es el que se centra en la presunta adjudicación fraudulenta del contrato de recogida de basura, y en la posterior ampliación de otro contrato de limpieza viaria y parques y jardines, el Consistorio reclama que las 15 personas contra las que formula acusación devuelvan casi 10 millones de euros al Ayuntamiento, que es la cantidad que estima que fue presuntamente malversada. De esa cantidad, que asciende exactamente a 9.789.461 euros, pide que respondan de forma solidaria todos los acusados.
En cuanto a las penas que solicita para cada uno de ellos, las mayores son para María Isabel Déniz, para el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, y para el que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, para los que pide 16 años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma pena de cárcel reclama para los cinco directivos de Urbaser acusados: Jacinto Álvarez, Santiago Alonso, Manuel Andrés Martínez, Francisco José Martínez Llerandi y Stephan Jean Balverde.
Ocho años de prisión para Dimas, Matías Curbelo y Miguel Ángel Leal
La siguiente mayor pena es la que solicita para el líder histórico del PIL, Dimas Martín, para el que era su mano derecha, Matías Curbelo, y para el ex secretario local del PSOE en Arrecife, Miguel Ángel Leal. Para todos ellos pide 8 años de prisión y 20 de inhabilitación, por su presunta participación en el "amaño" de la adjudicación del contrato a Tecmed (después absorbida por Urbaser) en el año 2002. El propio Matías Curbelo confesó tras su detención en esta causa que la empresa había pagado una comisión ilegal de "entre 25 y 50 millones de pesetas" de las de entonces por esa adjudicación, e implicó tanto a Dimas como a Leal.
En cuanto al técnico del Cabildo Manuel Jesús Isidro Spínola, el Ayuntamiento de Arrecife, como acusación particular, pide para él 3 años de prisión y 10 inhabilitación. Su participación en los hechos está relacionada con las empresas privadas que gestionaba mientras trabajaba en la Corporación insular. A través de esas empresas, en las que estaba asociado con Rafael Arrocha, realizaba proyectos que luego eran aprobados por él mismo o por Arrocha desde sus respectivos puestos técnicos en la administración. En particular, desde esas empresas realizaron proyectos para Urbaser, que se incluyeron en el contrato con el Ayuntamiento de Arrecife y que según la acusación, constituyeron una malversación de fondos públicos.
Por último, el Consistorio también formula acusación contra otras tres personas que estuvieron vinculadas a esas empresas de Spínola y Arrocha: Julio Romero, Daniel Hernández y Rafael Antonio Corujo. Para ellos pide 12 meses de multa y 3 años de inhabilitación para ejercicio o cargo público.
Peticiones similares a las de Transparencia Urbanística, con una excepción
En la mayoría de los casos, la petición de penas coincide con la planteada por la acusación popular, representada en esta causa por Transparencia Urbanística. La única diferencia significativa se da en el caso de Manuel Jesús Isidro Spínola, para el que Transparencia Urbanística pide 10 años de cárcel y el Ayuntamiento 3, por su implicación en una de las dos tramas de Urbaser (falta conocerse la posible petición del Consistorio por la trama del pabellón).
En cuanto a María Isabel Déniz, Felipe Fernández Camero y Rafael Arrocha, el escrito de Transparencia Urbanística eleva la petición para ellos a 22 años de cárcel, pero el motivo es que en ese escrito se incluye también la trama del pabellón de Argana y FCC. En el caso del Ayuntamiento, aunque esos presuntos delitos se investigan en la misma pieza, los ha abordado en un escrito separado, que hasta ahora no ha trascendido a los medios. Así, incluyendo lo que reclame por esa otra trama, la petición del Consistorio podría ser igual o incluso superior.
