El Ayuntamiento de Arrecife llegó a pagar dos, tres y hasta cinco veces facturas por el mismo concepto entre los años 2007 y 2009, que son los que investiga la pieza número 12 del caso Unión. En el auto en el que da por terminada la instrucción de esta pieza, la juez Silvia Muñoz relata alguno de los hechos que considera acreditados tras concluir la investigación. Y entre ellos, además del presunto cobro de comisiones ilegales, a cambio del pago de facturas y la adjudicación de contratos, la juez incluye también la malversación de importantes sumas de dinero del Ayuntamiento de Arrecife. Incluso, se llegó a pagar a dos empresas distintas por el mismo supuesto trabajo.
Ése es el caso, por ejemplo, de una obra para la "impermeabilización de cubiertas con fibra e impermeabilizante de la Oficina Técnica". Según considera acreditado la juez, el Ayuntamiento pagó la factura de este servicio a la empresa Samyer, pese a que "la misma obra fue adjudicada y abonada" a otra empresa, "siendo coetánea en el tiempo y concepto".
Por eso, concluye que "se produjo una contratación y facturación fraudulenta", vinculada al pago de una presunta comisión ilegal. El administrador de Samyer, Samuel Lemes, es uno de los imputados en esta pieza de Unión por ésta y otras adjudicaciones y pagos presuntamente irregulares a su empresa.
Cinco facturas por la reparación de un mismo zaguán
En otros casos, las auditorías encargadas durante la instrucción de la causa reflejan que se pagó varias veces a una empresa por el mismo servicio. Por ejemplo, por una obra de reparación de un zaguán en la calle Clavijo y Fajardo de Arrecife, el Ayuntamiento pagó "cinco facturas idénticas, con una diferencia de 18 días" a la empresa Ingogelan, administrada por otro de los imputados en esta pieza, Jesús Manuel Martín Brito. Según subraya la juez, solo con ese pago por quintuplicado, el Ayuntamiento desembolsó indebidamente 99.258 euros de dinero público.
La misma situación se repite, según refleja el sumario de Unión, con la empresa La Palmita, de Antonio Gómez Ruiz. En su caso, se ha detectado "hasta cuádruple facturación por el mismo concepto", señala la juez, que agrega que gracias a eso, el empresario tuvo "un beneficio ilícito de 33.065 euros a costa de las arcas públicas".
Además, la investigación también ha encontrado "doble facturación por el mismo concepto" por parte de la empresa Construcciones Reina, administrada por el también imputado Manuel Gregorio Reina. En su caso, la juez habla de un "pago indebido de 9.639 euros".
Casi 100 contratos en un año a la misma empresa
A todo esto hay que sumar el "fraccionamiento de facturas" para burlar la Ley de Contratos y evitar la celebración de concursos públicos. Dentro de esta pieza de Unión, el caso más representativo respecto a este punto es el de Infogelan, que entre enero de 2008 y febrero de 2009 llegó a firmar hasta 94 contratos con el Ayuntamiento de Arrecife, la mayoría relacionados con el área de parques y jardines. En total, en poco más de un año cobró más de 1,2 millones de euros (1.193.052 euros como empresa y 50.851 abonados a su administrador, Jesús Manuel Martín Brito, como persona física).
En el caso de La Palmita, entre 2007 y 2008 facturó al Ayuntamiento unos 300.000 euros por 21 contratos diferentes, mientras que Construcciones Reina facturó en 2007 84.056 euros al Ayuntamiento en 11 contratos distintos. Y todas esas adjudicaciones, según la juez, se realizaron "con groseras irregularidades en los expedientes", contando para ello con la presunta connivencia de tres funcionarios imputados que omitieron los debidos controles: el interventor Carlos Sáenz, el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y la jefa de Contratación, Elena Martín.
Más de 23.000 euros cobrados "indebidamente" tras bajar la calidad
Además, la omisión de otros trámites legalmente establecidos en los contratos con la administración impidió también velar por el efectivo cumplimiento de los servicios por los que se estaba pagando. Respecto a esto último, la juez hace referencia en su auto a otra obra adjudicada a la empresa Samyer, para el acondicionamiento del centro cultural de San Francisco Javier. En este caso, el auto señala que "además de los incumplimientos en la contratación que se vienen reiterando como mecánica delictiva, se llegaron a certificar y facturar obras con un exceso de valor en más de 23.000 euros sobre el valor de las realmente ejecutadas".
Al respecto, explica que "se disminuyeron las calidades indicadas en el proyecto de partida de la obra ejecutada con las realmente efectuadas, todo ello enmarcado por la opacidad contractual de la que se valían, inobservando aquellas especificaciones de la Ley de Contratos de Sector Público, que permiten dejar constancia de las distintas fases de ejecución de obra pública, de su comprobación y del precio".
Así lo señala la pericial encargada durante la instrucción a Godoy Consultores y Auditores, que advirtió que "disminuyeron las calidades del proyecto en la obra ejecutada, no existiendo un proyecto modificado donde se motive tal hecho", lo que implicó que la empresa adjudicataria certificara y facturara obras "por un valor de unos 23.000 euros, como si realmente las hubiera realizado".
Trama organizada
Según considera acreditado la juez instructora, todo esto respondía a una "trama organizada en torno a la figura de Dimas Martín", que tenía "total ascendencia política sobre otros cargos públicos, mayoritariamente pertenecientes al partido del que fue fundador". Junto al líder histórico del PIL, en esta pieza están imputados cuatro ex concejales de su partido en Arrecife (Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Luisa Blanco y Antonio Machín), el ex tesorero del partido, Matías Curbelo, así como técnicos del Ayuntamiento y varios empresarios.
Las presuntas comisiones ilegales "oscilaban entre el 20% y el 8% sobre la cuantía debida por el Consistorio", señala la juez, que explica que ese dinero, presuntamente, iba a parar tanto a la financiación ilegal del PIL como al "lucro personal de los propios componentes de la trama corrupta".
Varios de los imputados en esta pieza confesaron los hechos tras ser detenidos en la Operación Unión. Entre ellos, se encuentra el que era mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo (que según la juez actuaba como "recaudador), y los ex concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez.