"Una vez más, el Gobierno central da muestras de ignorar a las comunidades autónomas, esta vez imponiéndonos un calendario de aplicación de la LOMCE para el curso que viene de imposible cumplimiento". Así se manifestó la viceconsejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, durante la rueda de prensa llevada a cabo este miércoles en Madrid junto a los representantes de Andalucía, Asturias, Cataluña y Euskadi.
Armas declaró que con los plazos que maneja el Ministerio "es imposible garantizar los elementos necesarios para aplicar la LOMCE en el curso 2014-15, por lo que es imprescindible aplazar su puesta en marcha". En este sentido, explicó que, desde su origen, "esta Ley es una muestra de continua improvisación."
La viceconsejera explicó que "las comunidades autónomas habitualmente inician la planificación del curso siguiente desde el mes de enero". Sin embargo, el Ministerio está haciendo modificaciones "sustanciales" en el decreto de las que aún no tienen información las comunidades y eso que inciden "en la planificación". Armas se refirió así al currículo de la Formación Profesional Básica, modificado en la reunión del pasado lunes, y que horas antes de la reunión sectorial de Educación que se celebró este miércoles en Madrid aún no habían recibido las comunidades.
"Las comunidades necesitamos un tiempo mínimo para el desarrollo normativo, y para la participación de la comunidad educativa, como ha sucedido con las leyes educativas anteriores", insistió. De hecho, durante la rueda de prensa se recordó que para el desarrollo de las leyes anteriores se necesitó un plazo mínimo de "cinco años", por lo que el actual Gobierno no puede pretenderlo "hacerlo en uno".
Otro de los aspectos destacados durante la rueda de prensa fue la financiación necesaria para la implantación de la nueva Ley, fundamentalmente, la referente a la Formación Profesional Básica. En este sentido, la viceconsejera canaria manifestó que "es la primera vez que se pretende ampliar la escolarización obligatoria sin que el Estado asuma su financiación." Armas puntualizó que este proceso se complica, pues "con las nuevas enseñanzas, esta etapa obligatoria podría llegar a extenderse hasta los 21 años".