La Fiscalía Especial Anticorrupción ha asumido la dirección de la investigación en el caso de las licencias turísticas ilegales que fueron concedidas en la isla de Lanzarote durante la tramitación de la Revisión del PIOT (conocida como "Moratoria Turística") autorizando cerca de 20.000 plazas alojativas en Playa Blanca y Costa Teguise que se consideran ilegales por el Cabildo Insular de Lanzarote.
La complejidad y gravedad del caso, tanto por la gran cantidad de camas turísticas que podrían haber sido autorizadas ilegalmente (que el Cabildo cifra en torno a 20.000, entre turísticas y residenciales, en su mayoría autorizadas por el alcalde de Yaiza) y las grandes cantidades de dinero que giran en torno a las obras autorizadas por esos permisos urbanísticos bajo sospecha, ha hecho que la acusación en el proceso penal que el Juzgado nº2 de Arrecife ya ha abierto para investigar los hechos sea asumida por la Fiscalía Anticorrupción.
Este órgano especial del Ministerio Fiscal es el que cuenta con medios materiales y personales especializados en la investigación de los complejos entramados de corrupción y dispone de unidades de apoyo específicas en el Ministerio de Hacienda, Policía y otros departamentos gubernamentales y agencias públicas para rastreo y seguimiento de operaciones de ocultación patrimonial, redes de blanqueo y movimientos de capitales opacos y demás actuaciones ligadas a la corrupción.
Según las fuentes consultadas por este medio, la asignación del caso a la Fiscalía Anticorrupción y la importancia del mismo hace más que probable que sea un Fiscal Especial adscrito a dicho órgano el que se desplace a Lanzarote a tomar declaración a los primeros imputados en el caso (los alcaldes de Yaiza y de Teguise), los cuales han sido citados por el Juzgado para el próximo día 12 de junio.
El proceso penal que el Juzgado nº2 de Arrecife ha abierto para investigar la posible existencia de responsabilidades criminales en la concesión de las licencias turísticas que el Cabildo de Lanzarote tiene recurridas, supone la apertura de la vía penal contra esas licencias (que hasta el momento sólo estaban recurridas en la vía contencioso administrativa) y trae causa del extenso informe que fue elaborado por el Cabildo después de que el Pleno de la Corporación acordara en junio de 2.005, por unanimidad, solicitar un informe que analizase toda la documentación obtenida en los recursos interpuestos por el Cabildo contra las licencias que se consideran ilegales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidades personales en la concesión de dichos permisos.
Una vez concluido dicho informe por la dirección legal del Cabildo en los recursos contra las licencias ilegales (cuya elaboración duró casi un año por la enorme complejidad del asunto y la gran cantidad de documentación que fue preciso analizar y sistematizar), fue entregado al entonces consejero de Política Territorial en la Oficina del Plan Insular el 6 de noviembre de 2.006, teniendo entrada en el registro con que cuenta dicha dependencia en esa fecha.
Dicho informe fue presentado por el entonces consejero de Política Territorial, Carlos Espino, a la Policía en la UDICO por tratarse, según ha explicado el propio Carlos Espino, del único cuerpo de policía que contaba en Canarias con agentes especializados en corrupción urbanística.
La denuncia de Espino y el contenido del informe del Cabildo fue analizado por la Policía Judicial que a su vez denunció los hechos ante el Juzgado de Arrecife, en el cual se abrieron diligencias contraì los alcaldes que concedieron los permisos, a los cuales el Juzgado imputa la posible comisión de cuatro delitos: Prevaricación (dar las licencias sabiendo que no se podía), Cohecho (cobrar por dar los permisos), Tráfico de influencias (mediar para dar las licencias a favor de alguien) y blanqueo de capitales.
Una de las diligencias que el Juzgado acordó fue las escuchas telefónicas a los alcaldes que dieron las licencias, las cuales se suspendieron por las "reticencias" de ambos a mantener conversaciones por teléfono. La investigación continúa ahora con la práctica de nuevas diligencias y acopio de indicios de pruebas al respecto.
Las fuentes consultadas por La Voz, no descartan que tras las primeras declaraciones de los imputados se produzcan nuevas imputaciones a terceras personas que pudieran estar implicadas en el caso. La investigación sobre las licencias turísticas ilegales que se concedieron durante la moratoria principalmente en Yaiza por José Francisco Reyes no ha hecho más que empezar.
La Policía investiga los bienes de Reyes
Además, la Policía está investigando los bienes del alcalde de Yaiza y su entorno y entre las propiedades que se están analizando se encuentra un yate adquirido en 2004 valorado en más de 30 millones de pesetas
Fue a finales del año 2004, un año después de que finalizara el "boom" de las licencias de obras bajo sospecha de ilegalidad que el Ayuntamiento de Yaiza concedió a múltiples promotores urbanísticos en Playa Blanca, cuando una sociedad familiar ligada al alcalde de Yaiza, denominada "Sea Sun Lanzarote S.l.", cuyo domicilio social está en la Avenida Rubicón nº5 del pueblo de Femés, es decir, en la vivienda donde reside José Francisco Reyes, adquirió un Yate de 12 metros de eslora de tipo catamarán de la marca "Cata", modelo "356", valorado en más de 30 millones de las antiguas pesetas, que desde hace tres años dispone de un atraque de gran eslora en el puerto deportivo "Marina Rubicón", cuyo tarifa con descuento por larga estancia asciende a unos 6000 euros al año.