Asolan y Aetur han salido conjuntamente al paso de las repercusiones del reportaje de El País sobre hoteles ilegales en Lanzarote para desdecir lo suscrito por el periodista y aclarar puntos que consideran que no están "contrastados por el redactor". Critican el "tratamiento informativo" de la noticia y piden al Cabildo que "emprenda acciones de carácter inmediato para restablecer la buena imagen de la isla".
Las dos patronales turísticas han suscrito un comunicado en el que se apresuran a clarificar datos, que valoran como erróneos, tales como que la moratoria, a la que alude el artículo al acusar a Yaiza y Teguise de obviarla para conceder licencias turísticas, fue anulada en 2000 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ypuntualizan que se ha edificado "en parcelas urbanas y suelos calificados por la Administración con uso turístico".
Sobre las sentencias que anulan las 22 licencias de establecimientos a las que se refiere la información del diario nacional, han puntualizado que "los fallos del TSJC no aluden a la vulneración del decreto de la moratoria sino a defectos de forma subsanables". Además señalan que actualmente están "abiertos al público" y "en muchos casos con las preceptivas licencias de aperturas otorgadas por la misma administración que formuló los recursos administrativos", en este caso, el Cabildo de Lanzarote.
Defectos que, según las patronales turísticas, se basan "en la ausencia de las publicaciones en el BOP y el BOC de las correspondientes normas y ordenanzas de los planes parciales y otros pequeños aspectos jurídicos". Los empresarios aseguran que "a día de hoy, todos estos defectos han sido subsanados por los correspondientes ayuntamientos de la Isla y el Cabildo de Lanzarote inició el pasado año un proceso de negociación con cada empresa hotelera afectada a fin de subsanar y legalizar estos detalles jurídicos".
Asolan y Aetur han querido suscribir además las declaraciones de la Primera Corporación insular, que en una nota de prensa emitida este lunes manifestaba su intención de "legalizar las incorrecciones detectadas en los establecimientos, siempre que la ley lo permita". Una frase que los empresarios han citado literalmente, aunque omitiendo la segunda parte, que sí incluía la primera Institución, y que hacía referencia a "las consiguientes compensaciones al interés general" que debe conllevar ese proceso de negociación abierto.
Las patronales, que han recordado que el sector turístico da empleo en la isla a 20.000 trabajadores, han concluído su comparecencia solicitando al Cabildo que salga en defensa de Lanzarote, de sus establecimientos hoteleros "catalogados como la mejor planta alojativa en Canarias y su perfecta integración en el entorno y protección medioambiental".