Alternativa Ciudadana (AC) ha calificado de "precipitada y chapucera" la incautación de la desaladora de Montaña Roja y cree que esta intervención del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, "se debe a que defiende el interés privado por encima del general". El partido ha recordado que San Ginés "evitó en 2011" que Inalsa suministrara agua "de manera directa" a las viviendas de este Plan Parcial, algo que solicitó AC mediante una moción debatida en Pleno.
Para AC, esta actitud de 2011 "contrasta" con la "espectacular toma de las instalaciones hidráulicas" de la empresa Club Lanzarote el pasado jueves. La formación cree que esta incautación se realizó mediante "una fórmula dudosa", que ya se ha saldado con una denuncia ante el Juzgado de Guardia por parte de la empresa "por no contar con autorización judicial" para llevar a cabo la medida.
"Tanto el cambio radical de criterio de San Ginés, como la actuación apresurada, incluso temeraria, de la semana pasada responden al interés y las presiones de una empresa privada, Canal Gestión, en cuyas manos, el presidente, con el apoyo de su grupo de gobierno (Coalición Canaria y PSOE), han entregado el futuro del agua en Lanzarote", ha criticado AC.
Moción de 2011
La formación ha insistido en que en septiembre de 2011 elevó al Pleno del Cabildo una moción en la que se pedía que Inalsa abasteciera directamente de agua potable a las viviendas del Plan Parcial Montaña Roja, al considerarse "ilegal la venta de agua a terceros que la empresa Club Lanzarote estaba haciendo a los vecinos". La moción mostraba además su preocupación por la "escasa calidad" del agua comercializada, que "superaba los niveles de boro recomendados".
AC ha asegurado que en aquel momento, en el que Inalsa "era pública", San Ginés "puso en duda que la empresa suministrase el agua a los vecinos del Plan Parcial, a pesar de que la actividad de la desaladora ilegal suponía una competencia desleal y un claro perjuicio económico para la empresa pública". Según este partido, el presidente del Cabildo llegó a decir en Pleno que el suministro directo de agua a las viviendas "no era una prioridad". "Puso en duda la conveniencia de la medida puesto que, según palabras textuales, tendríamos que atender el suministro de miles de vecinos cuando estamos en emergencia hídrica", ha recordado AC.
Ahora, tres años más tarde y cuando San Ginés "ha puesto el agua de Lanzarote en manos de la empresa madrileña Canal de Isabel II, a través de Canal Gestión, se apresura a confiscar las instalaciones hidráulicas y la red de suministro hasta ahora gestionadas por Club Lanzarote". "Con esta actuación, San Ginés demuestra una vez más que trabaja como valedor de los intereses privados y no del interés general de la ciudadanía", ha recalcado esta fuerza política.
AC ha insistido en que en el pasado San Ginés se preguntaba "cuántos millones costaría a Inalsa poner una red distinta a la que tiene Club Lanzarote", pero ahora "no duda en confiscar esa misma red y ponerla en las manos privadas de Canal Gestión". "También llama la atención la discrecionalidad del presidente del Cabildo, que interviene esta desaladora pero no toma medidas contra otras infraestructuras hidráulicas que también venderían en la actualidad agua a terceros. Este tratamiento arbitrario respondería a la premura de Canal Gestión por hacerse con el abastecimiento de agua de las miles de viviendas que hasta ahora abastecía Club Lanzarote", ha sugerido la formación.
Pago de millonarias indemnizaciones
AC también teme que la actuación "apresurada" de San Ginés, "sin aval judicial para favorecer a Canal Gestión", se pueda saldar con el pago de "millonarias indemnizaciones por parte de las administraciones públicas", en caso de prosperar las denuncias presentadas por Club Lanzarote. Por ello, ha tachado "la toma" de las instalaciones de "chapuza irresponsable", cuyas consecuencias pueden "terminar pagando el conjunto de los ciudadanos de Lanzarote".
Desde esta formación se han mostrado partidarios de que sea una empresa pública quien suministre, en condiciones de igualdad y con todas las garantías, el agua a todos los vecinos de la isla, pero consideran que una actuación de estas características "debía contar con los avales judiciales oportunos, que evitaran problemas en el futuro". Además, recuerdan que el Plan Insular de 1991, aún en vigor, establece el procedimiento para que la red de aguas pase a manos del Consorcio. "Un procedimiento que, en ningún caso, consiste en dar una patada en la puerta", ha afirmado.
"Los partidos y políticos que arruinaron Inalsa han sido los mismos que privatizaron un bien fundamental para el desarrollo de Lanzarote, dejando en manos de empresas radicadas en el exterior el futuro del agua, y con ello, el futuro de la isla. Esos mismos políticos, que trataban de salvar sus patrimonios personales o los de sus compañeros de partido, asesorados por los mismos amigos de siempre, son los que ahora toman decisiones apresuradas y mal medidas, con la voluntad exclusiva de favorecer a las corporaciones privadas, pudiendo tener todo ello consecuencias muy graves para el futuro de los ciudadanos de la isla", ha destacado AC.