El director general de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, reconoce que la principal causa de la falta de vivienda es la nula construcción de vivienda pública en los últimos años, lo que considera “bochornoso”, pero también cree que "restringir el uso turístico" de las viviendas es una de las medidas que puede ayudar a solucionar el problema.
En una entrevista con Radio Lanzarote-Onda Cero explica el alcance de la ley y recuerda que el requisito de actividad clasificada, que la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia expulsará a casi todos del sistema, ya era obligatorio en el Reglamento de vivienda vacacional de 2015, aunque "muchas administraciones no lo han interiorizado".
Actividad clasificada, "requisito desde 2015"
Con respecto al requisito de actividad clasificada que recoge el Anteproyecto, el director general de Ordenación Turística dice que "ese requisito ya estaba presente en el Decreto 113 2015" (Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias).
Así que, abunda, aunque no ”haya Anteproyecto, ya desde el año 2015 tienen que cumplir actividades clasificadas, es así de fácil, y si no cumple actividades clasificadas está ejerciendo ilegalmente, haya o no haya anteproyecto de ley, el anteproyecto no innova nada”.
Para dar idea de lo fácil que es su obtención, el director general explica que por ejemplo el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en su sede electrónica, dispone de un modelo de comunicación previa de actividades clasificadas.
“Lo único que tiene que presentar en materia de actividad clasificada cualquier ciudadano que quiera explotar una vivienda vacacional es una comunicación previa que dice tengo éste, éste y éste documento, y ya está. El modelo de Granadilla es fantástico”.
"El nuevo Anteproyecto no prohíbe alquilar vacacionalmente la vivienda en la que se reside"
Rodríguez aclara que la comunicación previa no es una declaración responsable. Con la primera uno dice “voy a ejercer la actividad y tengo esta documentación” con la segunda se hace una declaración jurada.
El director general aprovechó para “hacer un llamamiento a los 88 ayuntamientos para que se lo pongan fácil a los ciudadanos” y hagan como el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, cuya página web muestra el modelo de comunicación a cualquier ciudadano.
Con respecto a la denuncia de ASCAV de que el nuevo Anteproyecto prohíbe alquilar vacacionalmente la vivienda en la que se reside, Rodríguez dice que “eso es una barbaridad” y no entiende “de dónde diablos lo sacan, no es verdad”.
El director general de ordenación turística cree que ASCAV está mezclando diferentes cuestiones. Y distingue como cuestión diferente “el proceso de residencialización que se produce en las zonas turísticas, que es un problema en Canarias, porque destruye empleo y afecta al suelo turístico”.
El tamaño de las viviendas vacacionales
En la redacción inicial se pedían 35 metros para “equipararlas a la categoría mínima de los establecimientos extrahoteleros”, los apartamentos de tres estrellas.
Posteriormente la Consejería aceptó que se podrá explotar una vivienda vacacional con sólo 25 metros cuadrados, “el mínimo de habitabilidad”, pero, “para tener una condiciones mínimas de competitividad y calidad”, tendrá que cumplir al menos uno de una lista de 10 requisitos.
Por ejemplo, explica Rodríguez “una plaza de garaje para el huésped o una piscina compartida. También vale tener un cargador de vehículos eléctricos o estar dado de alta de autónomo”.
“Moratoria” vs “efecto llamada”
Desde que el Gobierno de Canarias anunció el Anteproyecto, ha habido un vertiginoso crecimiento de viviendas vacacionales registradas, en torno a las 20.000 unidades.
Con respecto a lo que algunos califican de “efecto llamada” provocado por esta iniciativa legislativa, el director general de Ordenación Turística explica que “lo que está haciendo el Gobierno de Canarias es el ejercicio ordinario de su actividad, promoviendo una nueva norma, y con participación: consulta, audiencia e información pública y no por decreto ley”.
"Si lo que piden algunos es una amnistía urbanística turística de actividades clasificadas, la respuesta es, lo siento, pero no. Ni amnistía, ni indulto”
Rodríguez reconoce que los números de registro se han acelerado, pero destaca que es una tendencia que se está materializando en toda España. “Es verdad que algunos se han apuntado para después quedarse, pero otra parte es el crecimiento natural que ha tenido, es una actividad que genera mucha renta”. También aclara que hubo épocas con un crecimiento porcentual muy superior.
Una vez se apruebe la ley, explica el director general, no habrá “ni una más en cinco años si no hay planeamiento urbanístico. No se puede tratar igual a los 88 ayuntamientos canarios. Algunos sí necesitan crecer, hable usted con los alcaldes de las islas verdes. Cada ayuntamiento debe decidir cuántas, cómo y dónde”.
¿Cuántas tendrán que terminar su actividad?
Según recuerda Rodríguez, un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas detectó 16.000 viviendas vacacionales ubicadas en antiguos apartamentos y estudios turísticos. “Esas son ilegales, explica el director general, y una vez los cabildos comprueben las declaraciones responsables y una vez los ayuntamientos hagan uso de su facultad de inspección urbanística deberían salir”.
Además,reconoce “como cualquiera de los ayuntamientos conejeros le dirá, prácticamente ninguna (vivienda vacacional), muy poquitas cumple en materia de actividades clasificadas. Ahí, es verdad que pueden salir miles”.
"El Gobierno sanciona, pero quien expulsa, por así decirlo, quien depura la situación jurídica, son cabildos y ayuntamientos. Aunque no haya ley, hay que verificar que se cumple la legalidad, ¿puede circular un coche sin seguro o sin itv? No. Si lo que piden algunos es una amnistía urbanística turística de actividades clasificadas, la respuesta es, lo siento, pero no. Ni amnistía, ni indulto”.
Rodríguez recuerda que una de las medidas estrellas de la Directiva de la Unión Europea Bolkestein, también llamada de servicios, era que, "en vez de hacer esperar al emprendedor a que la administración pública le dé una autorización o una licencia bastaba o bien una comunicación o una declaración responsable". A cambio, explica Rodríguez, "la administración tiene que correr ahora detrás de ti para comprobar, controlar e inspeccionar, pero muchas administraciones no lo han interiorizado".
Les pongo ejemplo de sanciones que estamos tramitando: “gente que ha dividido una vivienda en 5 tiene registrada una vivienda vacacional y alquila cinco”.
“Bochornosa” política de vivienda pública en los últimos años
El director general está de acuerdo en que la política de vivienda pública ha sido nefasta en los últimos 30 años en Canarias.
“El principal problema de la vivienda es que no se ha hecho vivienda pública”, reconoce, pero también afirma que “no todos los españoles y españolas podemos acceder a una vivienda pública, hay que dejar margen para la vivienda libre”.
“Tampoco se ha hecho gestión urbanística para promover suelo residencial, sobre todo en Canarias, y tampoco se ha hecho planificación urbanística para deslindar y especializar uso, sin duda ninguna”, abunda.
"Como dice el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado 3 de octubre", explica el director general, “el problema de la vivienda no se soluciona restringiendo la vivienda de uso turístico, pero sí hay que restringirla, es una de las medidas, pero también hay que darle a ayuntamientos, gobierno autonómico y estatal un cero patatero por sus políticas de vivienda. Es bochornoso”.
Para que el anteproyecto sea aprobado, Rodríguez explica que faltan los informes del Servicio Jurídico del propio gobierno autonómico, y el del Consejo Consultivo. Después irá al Parlamento.