El Colegio de Economistas de Las Palmas ha advertido este viernes de que el proyecto de ley que pretende llevar el Ejecutivo regional al Parlamento el Gobierno autonómico contribuirá a generar más pobreza en la sociedad canaria y afectará al sector turístico en su conjunto, y entiende que no está "suficientemente argumentado".
Son las conclusiones que saca el órgano colegial en base a los datos de un informe que ha elaborado sobre la realidad económica de la vivienda vacacional en el archipiélago, de los que desprenden que el 89% de quienes las explotan son pequeños o medianos propietarios, tenedores de entre una y cuatro propiedades de este tipo, rechazando que el Gobierno de Canarias solo considere "pequeño tenedor" a quien tenga una única vivienda vacacional.
En una rueda de prensa para presentar este informe, la economista Rosa Rodríguez, coordinadora del mismo, ha señalado que esta normativa que pretende aprobarse en el Parlamento de Canarias debería "contemplar los intereses de los pequeños y medianos propietarios".
Ha aludido a que explotar estas viviendas en alquiler turístico les reporta unos ingresos que, en muchos casos, les hacen llegar a final de mes por lo que, "tal y como está la economía canaria, que cada vez va a peor, si a esta tipología de propietarios le quitas una parte de su sustento, ¿en qué va a quedar la economía canaria?", se ha preguntado.
Rodríguez ha reconocido no entender "de dónde sale esta decisión" del Gobierno de Canarias de redactar una ley que ha calificado como "prácticamente una moratoria turística", y ha asegurado que no está "suficientemente argumentada", tal y como en su opinión evidencian los datos que aparecen en el informe.
En base a ellos, obtenidos en su mayoría por la Estadística Experimental de Vivienda Vacacional elaborada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la vivienda vacacional se ha convertido en un nicho de mercado diferenciado dentro de la oferta turística que pone a disposición de los visitantes el archipiélago.
De esta forma, las viviendas vacacionales representan el 34% del total de plazas disponibles en Canarias, muy por encima de las extrahoteleras tradicionales -del 19,45%- y acercándose al 46,5% de los hoteles, y que son todavía mayores en el caso de aquellos municipios que no son turísticos -donde el alquiler turístico representa dos tercios de su oferta total-.
Además, la contribución de los gastos de los turistas en las viviendas vacacionales al PIB total de Canarias ha ido aumentando paulatinamente desde 2019 hasta situarse en el entorno del 3% a finales de este año, lo que equivale al 7,68 % del PIB turístico de las islas.
Este peso en el PIB, han destacado los economistas, duplica al del sector primario -del 1,49 %- y es algo más de cinco décimas mayor que el del sector manufacturero -el 2,47 %-.
Entrando en el detalle de cómo gastan los usuarios de vivienda vacacional en relación con los de hotel, el Colegio de Economistas de Las Palmas ha advertido tendencias muy diferenciadas, hasta el punto de que, excluyendo el gasto en alojamiento y en transporte nacional o internacional, los que escogen el alquiler turístico son los que más dinero gastan fuera de sus lugares de hospedaje.
Así, más de la mitad del gasto que hacen en destino los clientes de viviendas vacacionales lo hacen en transporte local, supermercados, restaurantes y cafeterías, ocio, compra de bienes -souvenirs, artesanía- y otros gastos turísticos, por el poco menos del 21 % sobre el total que se gastan los alojados en hoteles en estas cuestiones.
El proyecto de ley "no se justifica"
"Con estos datos que hemos aportado en dos informes, no se justifica la ley", ha concluido Rosa Rodríguez, quien ha remarcado que la gran mayoría de viviendas vacacionales que hay ahora mismo en el archipiélago "son apartamentos y villas reconvertidos" -hasta un 80 % en el caso de los municipios turísticos-.
Es por ello que se ha preguntado cómo el Gobierno canario y los cabildos insulares "han dejado que estos apartamentos y villas se registren como viviendas vacacionales", lo que contraviene la normativa vigente.
"Con hacer cumplir la normativa vigente no sería necesaria esta ley", ha apostillado para después añadir que es necesario sentarse "a conjugar todos los intereses", puesto que los propietarios de vivienda vacacional afirman que ganan más publicitándolo directamente en un portal que poniendo estos recursos en unidad de explotación.
En su opinión, lo que no se puede es "castigar a los propietarios de vivienda vacacional", porque de esta forma, y con los datos que ha presentado el Colegio de Economistas en la mano, "se estaría atacando al sector en su conjunto", ya que la población que opta por el alquiler turístico no va a irse a hoteles de no encontrar opciones alojativas.