En respuesta a la reciente entrevista con el director general de Ordenación Turística en Radio Lanzarote-Onda Cero, en la que Miguel Ángel Rodríguez subrayaba la obligación de las viviendas vacacionales de contar con actividad clasificada desde 2015, ASCAV alerta de que este requisito acabará con el 90% de las viviendas vacacionales.
La Asociación explica que “es de imposible cumplimiento para un pequeño propietario de vivienda vacacional cumplir con una normativa de actividad clasificada no adaptada al sector”.
ASCAV reconoce que el Decreto de vivienda vacacional de 2015 establece que las viviendas vacacionales han de cumplir con la normativa sectorial que les sea de aplicación “y, en general, la de actividades clasificadas”.
No obstante la Asociación destaca que “también es cierto, que las viviendas vacacionales son, en primera instancia y ante todo, precisamente eso, viviendas”.
ASCAV explica que en realidad, “la normativa que regula las actividades clasificadas en Canarias data del año 2011 (anterior al Reglamento de Viviendas Vacacionales del 2015)” y se refería a “hoteles, complejos de apartamentos, etc, que eran las modalidades existentes en el año 2011. Jamás pensaba en viviendas vacacionales, por la simple razón de que ni siquiera existían”.
“Ahora el Gobierno de Canarias se agarra como clavo ardiente a esta cuestión (imposición de los requisitos de actividad clasificada a las viviendas vacacionales), conocedores de que con ello eliminarán al 90% de las viviendas vacacionales existentes”, argumenta ASCAV.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional explica que desde 2019, se ha reunido con el el Ejecutivo canario, liderado por el PSOE entonces, preocupada por el “imposible cumplimiento de este trámite administrativo municipal por varios motivos”.
Las razones por las que es "imposible para el pequeño propietario"
En primer lugar, ASCAV destaca que “la normativa de clasificación de actividad se promulgó en 2011 con Ley 7/2011 y los Decretos 86/2013 y el 156/2013 fueron redactados sin que existieran las viviendas vacacionales”.
La normativa de actividad clasificada, prosigue, “está pensada para pensada para bares, restaurantes, hoteles, complejos de apartamentos, etc”. ASCAV no entiende que un pequeño propietario de vivienda vacacional tenga que cumplir con este requisito cuando “para la Agencia Tributaria ni siquiera está realizando una actividad económica sino un rendimiento de capital inmobiliario (un alquiler sin prestación de servicios)”.
Además, destaca, “un pequeño propietario no tiene tampoco que formalizar el alta en actividades económicas (036 ó 037), ni alta en el autónomo, porque el mero arrendamiento de su propiedad no lo requiere”.
Por otra parte, ASCAV recuerda que “el uso de la vivienda vacacional sigue siendo el residencial y no el turístico, por lo que no impacta negativamente contra los Planes Generales de Ordenación municipales”.
Además, destaca que “era el propio Decreto 113/2015 el que inicialmente prohibía la VV en suelos turísticos para proteger a los hoteles y relegaba la vivienda vacacional a suelos residenciales”.
“Esta situación fue puesta en conocimiento a la nueva Consejería de Turismo con el PP al frente (partido que desde el año 2013 siempre arropó y defendió el modelo VV) con la petición expresa de encontrar una solución definitiva a esta problemática. Es más, se nos aseguró en varias reuniones mantenidas que con respecto a la nueva normativa comulgaríamos en un 90%”.
ASCAV subraya que su sorpresa “ha sido mayúscula al ver que finalmente la piedra angular de nuestra mayor preocupación ha sido maliciosamente lanzada contra nosotros”.
“Cuando el Gobierno de Canarias, en manos de CC y PP, afirma de manera demagógica que las VV que están legales se van a quedar y que van a defender a los pequeños propietarios de VV, están engañando retorcida y malévolamente a una ciudadanía que además de no haber leído o entendido el enrevesado Anteproyecto de Ley, confía y cree que por el hecho de haber presentado su declaración responsable en el Cabildo o en el Gobierno de Canarias se encuentra debidamente habilitado y en situación de plena legalidad”.
Es por todo lo anterior por lo que ASCAV ha sido tan contundente desde que se anunció el proyecto de Ley, “ya que era conocedor de las nefastas intenciones del nuevo Gobierno que no es otra que la de acabar con la vivienda vacacional”.
Por un lado, destacan, “obliga a la VV a cambiar el uso de residencial a turístico, por lo que en los edificios colectivos, en ningún caso, van a poder coexistir viviendas de uso residencial con viviendas de uso turístico porque chocarían frontalmente con los Planes General de Ordenación Municipal (PGOs)”.
Para el resto de construcciones, explican, “será necesario cambiar previamente cada PGO, lo cual, es un proceso que se alarga durante años”.
A pesar de todo lo expuesto, ASCAV dice “seguir con la esperanza y mano tendida para encontrar una razonable salida y redacción a esta nueva normativa”.