El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que no dimitirá de su cargo tras las informaciones de los últimos días sobre sus vínculos con los investigados en el caso Koldo, ya que no "ordenó contratar" directamente a ninguna de las empresas vinculadas a la trama.
Torres ha negado que mintiera durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que dilucida responsabilidades políticas en el marco de esta trama que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y se ha ratificado en que no le "consta" haberse reunido con uno de los empresarios investigados, Ignacio Díaz Tapia.
Si bien, en base al informe conocido estos días por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha admitido que debió haberse producido algún encuentro en el Parlamento de Canarias, aunque él no lo recuerde.
"No voy a dimitir, sino que todavía estoy más fuerte", ha dicho el ministro en una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede regional del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria.
Ha insistido en que no ordenó "contratar directamente nada", ya que eso correspondía a los técnicos de las consejerías implicadas, en este caso el Servicio Canario de la Salud (SCS).
"Me preguntaron en la comisión de investigación del Congreso si yo conocí al señor Tapia y yo lo que dije, y quiero ser escrupuloso, (...) es que yo creía no conocer a este señor, no le ponía cara, que no me constaba conocerlo y es verdad, no le pongo cara", ha dicho Ángel Víctor Torres.
Ha apelado al "rigor" no solo a la hora de informar sobre las novedades del caso, sino también entre la clase política, por lo que ha solicitado a Coalición Canaria y al Partido Popular "lealtad con la sociedad canaria" y dejar "caminar a la justicia" y se ha preguntado: "¿Quieren la verdad o solo quieren mancillar el nombre de Ángel Víctor Torres?".
En base a este segundo informe de la UCO que analiza conversaciones mantenidas por los investigados en el caso Koldo, nombrado así por el asesor del exministro José Luis Ábalos, este habría contactado varias veces durante 2020 con Torres para conseguir que Canarias comprara test de coronavirus a una de las empresas vinculadas a la trama, los laboratorios Eurofins Megalab.
En este caso, el negocio se tradujo en la adjudicación a esta multinacional de tres contratos por importe total de 5,36 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias en diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, fechas en las que se implantó un sistema de control sanitario a los viajeros que llegaban a las islas mediante pruebas PCR de covid-19.
En el momento en que compareció ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, el 10 de junio, el ministro alegó que, como presidente, él nunca ordenó contratar con ninguna empresa concreta, al tiempo que aseguró no tener constancia de conocer a Díaz Tapia, algo en lo que se ha ratificado este lunes.
En el atestado de la UCO, ha agregado, "se traslada que hubo una petición de reunión en Presidencia del Gobierno de Canarias", pero que su equipo le ha trasladado que no hubo ningún encuentro en la sede del Ejecutivo regional, por lo que "debió haber un encuentro en el Parlamento de Canarias, seguramente en el transcurso de algún pleno", un tipo de citas que eran muy habituales y las mantuvo con "muchas personas" durante todo su mandato (2019-2023), ha recalcado.
Además, ha defendido que tras aquella reunión que acredita la OCU en agosto de 2020, "no se contrató nada", ya que fue posteriormente, en diciembre, cuando se suscribió el primer vínculo con Eurofins Megalab.
En cualquier caso, ha indicado que con estas contrataciones se intentó "salvar vidas" y que, tal y como acreditan informes internos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, "de no haberse hecho, hubiésemos tenido decenas de muertos", por lo que se hizo "lo que se tenía que hacer: defender el interés general".
"Si al Gobierno de Canarias y a los canarios les engañaron, quienes con estas propuestas se estaban lucrando individualmente que lo paguen con todo el peso de la ley, porque si nosotros hubiésemos tenido entonces una ligera sospecha de estos manejos, no es que hubiera salido en los medios de comunicación, es que hubiésemos ido al juzgado de guardia", ha remarcado Torres.
Y sobre la decisión del PP de querellarse contra el PSOE por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y financiación ilegal, ha recordado que el único partido "condenado por corrupción" es el PP y que tienen "más de 30 casos activos", al tiempo que ha lamentado que los populares exijan "lo que no hacen".