Izquierda Unida Canaria, en coalición con Sumar, ha lanzado un llamamiento urgente para que la Unión Europea en el marco de las elecciones al europarlamento adopte medidas concretas y efectivas en respuesta al aumento significativo en la llegada de migrantes a Canarias. Según las previsiones, el número de llegadas para este año superará ampliamente las cifras de 2023, año en el que casi 40.000 personas alcanzaron las costas canarias en pateras y cayucos.
Manu Pineda, candidato de Izquierda Unida en la lista de Sumar para estas elecciones, ha destacado la necesidad imperiosa de una política migratoria que respete los derechos humanos y que garantice un trato digno a los migrantes. "Canarias no puede seguir siendo una cárcel para quienes buscan seguridad y una vida mejor. Necesitamos una política migratoria que sea justa, que respete la dignidad humana y que no deje a Canarias aislada en esta crisis", afirmó Pineda.
El aumento de la migración ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema actual, que no solo afecta a los migrantes, sino también a la capacidad de las islas para manejar este desafío de manera sostenible, en espacios como el sanitario, el refuerzo de salvamar y el personal para la atención social de personas migrantes. El Gobierno de Canarias ha estado en negociaciones con Madrid para modificar la Ley de Extranjería y mejorar la gestión de la migración, particularmente en lo que respecta a la acogida y distribución de menores no acompañados, en el que el Ministerio de Juventud e Infancia de la ministra Sira Rego, también representante de Izquierda Unida ha estado muy implicado.
Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC, criticó la falta de solidaridad a nivel europeo: "Es inaceptable que Europa siga mirando hacia otro lado mientras Canarias enfrenta un desafío humanitario de esta magnitud. No solo se trata de un problema de Canarias; es un desafío europeo que requiere una solución europea".
El Gobierno regional ha propuesto que la distribución de menores migrantes no acompañados sea automática y vinculada a la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, un sistema que busca evitar la saturación y garantizar un reparto más equitativo de responsabilidades. La realidad es que ya se ha asumido con naturalidad que Canarias esté siempre al 150% de su capacidad en cuanto a la gestión de menores, cuando la lógica dice que no se debería superar ni siquiera el 100% de los recursos disponibles para su atención.
"La solidaridad ha fracasado. Necesitamos acciones concretas y una ley que garantice que la carga no recaiga únicamente en Canarias. La propuesta de distribuir automáticamente a los menores cuando se exceda el 150% de la capacidad es un paso en la dirección correcta, pero necesitamos el apoyo de toda la Unión Europea", añadió Tamayo.
Además, IUC y Sumar están pidiendo una revisión de las políticas europeas y nacionales que actualmente rigen la migración, argumentando que deberían reflejar mejor los valores de solidaridad, dignidad y respeto por los derechos humanos. "Canarias no puede ser solo un destino de vacaciones para Europa mientras cierra los ojos a las realidades que se viven día a día aquí", concluyó Pineda.
Izquierda Unida Canaria y Sumar continúan abogando por un cambio significativo en el enfoque de la gestión migratoria, insistiendo en que las soluciones pasan por una mayor cooperación internacional y un compromiso firme con los principios de protección de los derechos humanos.