El Plan Especial de La Geria, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, "tiene una enorme trascendencia para la resolución final" del caso Stratvs, en el que la Fiscalía pide 15 años de prisión para el empresario Juan Francisco Rosa. Eso fue lo que alegó el propio Gobierno de Canarias al presentar un recurso para intentar mantener la vigencia de ese Plan, pidiendo que el Tribunal Supremo anulara la sentencia de primera instancia.
El Gobierno presentó ese recurso, que no fue siquiera admitido a trámite, pese a haber asegurado que no lo haría. Incluso, desde la Consejería de Política Territorial llegaron a negar a La Voz de Lanzarote que se hubiera interpuesto un recurso, que solo se conoció al ser rechazado por el TSJC.
Ahora, La Voz ha tenido acceso al escrito, de 13 folios y firmado por la letrada Pino Pérez, como representante de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias. Y en él, se hace referencia al caso Stratvs como uno de los "motivos" por los que consideraban que existía "interés casacional" para que el Tribunal Supremo revisara la sentencia que anuló el Plan. Incluso, el Gobierno aportó documentos de esa causa penal, en la que Rosa ha utilizado en su defensa el Plan Especial de La Geria, alegando que con él la bodega quedaba "perfectamente legalizada".
"La sentencia afecta a un gran número de situaciones"
"La sentencia afecta a un gran número de situaciones, tanto por sí misma como por trascender del caso objeto del proceso", señalaba el Gobierno de Canarias en su recurso, fechado el pasado 28 de diciembre. Por un lado, sostenía que "la actividad de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural puede verse afectada, ralentizada, en relación a la ejecución de resoluciones de restauración del orden jurídico infringido y la realidad alterada y transformada, si no hay seguridad jurídica respecto a la vigencia y eficacia del Plan Especial de La Geria".
Al respecto, cabe subrayar que precisamente esa "vigencia y eficacia" del Plan dejará de existir en cuanto sea firme la sentencia del TSJC, que es precisamente lo que intentaba evitar el Gobierno canario con su recurso. Y a partir de entonces, el espacio volverá a regirse por el Plan Insular, que garantiza su protección.
Sobre este punto, el recurso del Gobierno hacía referencia a otro procedimiento judicial, en este caso contencioso administrativo, contra un particular que pretende evitar el derribo ordenado por la Apmun de una vivienda en La Geria. Con ello, pretendía sostener que si no se aceptaba el recurso de casación ante el Supremo, "la actividad de la Apmun podría verse ralentizada".
Un Plan de "enorme trascendencia" para un juicio inminente
A esto, el recurso del Gobierno canario añadía que existen también "procedimientos penales", aunque citaba solo el caso Stratvs, "en los que sin duda alguna el documento de aprobación definitiva del Plan Especial de La Geria tiene una enorme trascendencia para su resolución final". Y en este caso, esa "trascendencia" estaría relacionada con las responsabilidades penales que Juan Francisco Rosa trata de eludir utilizando el Plan de La Geria en su defensa.
"La aprobación definitiva del Plan y la declaración y el reconocimiento expreso efectuados en dicho Plan de que la bodega Stratvs es uno de los once equipamientos que estructuran, es decir, que vertebran el paisaje protegido de La Geria, ha supuesto la legalización de la bodega Stratvs, en el caso de que se pudiera acreditar que la misma no se adecuó en el momento de su construcción a la legislación administrativa de aplicación", sostiene el escrito de defensa presentado por Juan Francisco Rosa, de cara al primer juicio que afrontará por el caso Stratvs –que se dividió en dos piezas- y que está fijado para el próximo mes de junio.
No obstante, cabe recordar que al menos dos técnicos del Cabildo, una de ellas designada como perito en esa causa judicial, han coincidido en que la bodega ni siquiera sería legalizable con ese documento anulado, pese a que le daba un trato "privilegiado", al equipararla a las bodegas históricas de La Geria. Además, advertían ya entonces de "vicios de nulidad" en el Plan, que después fueron confirmados por el TSJC al anular el documento. Entre otras cosas, esto ha dejado sin sentido la modificación del Plan de La Geria que lleva años intentando aprobar Coalición Canaria en el Cabildo, y que suponía aumentar la edificabilidad y la altura permitida a las bodegas, que eran algunos de los puntos en los que seguía incumpliendo Stratvs, incluso con el Plan aprobado después su construcción.
Además de delitos contra la ordenación del territorio, por haber construido un complejo de 12.000 metros cuadrados –incluyendo además de la bodega un restaurante, una tienda y varias terrazas pavimentadas- con una licencia para construir un almacén de 900 metros, Rosa está acusado también de otra larga lista de delitos. Entre ellos, delitos contra el patrimonio –por haber derribado una vivienda protegida preexistente-, de usurpación –por ocupar suelo de la familia Negrín para esta construcción-, contra el medio ambiente –por la emisión de vertidos contaminantes- , de estafa y de tráfico de influencias. Junto a él están acusados políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias.
