La Guardia Civil ha denunciado en los Juzgados de Arrecife un posible delito contra los derechos de los trabajadores ocurrido en una explotación avícola de Tahíche, donde una empresa estaba ejecutando obras sin las debidas medidas de seguridad. La investigación comenzó el pasado 27 de noviembre, cuando agentes del Seprona tuvieron conocimiento de que en esa nave, ubicada en la calle Juan Ramón Jiménez, se estaban desarrollando trabajos para sustituir el techo, que era de micro-cemento amiantado.
Ese mismo día, el Seprona acudió al lugar y pudo ver a cuatro operarios trabajando en la cubierta de la nave, "sin ningún tipo de protección", según han confirmado a La Voz desde la Guardia Civil. Además de no tener cascos y arneses, los operarios tampoco llevaban mascarillas ni guantes, pese a la peligrosidad de este material y el riesgo que supone para la salud, ya que entre otras cosas puede causar enfermedades respiratorias.
Cuando los agentes les pidieron la documentación de la empresa, la respuesta que encontraron fue que en ese momento no podían facilitarles nada, ya que era domingo, por lo que les comunicaron que regresarían al día siguiente. Ya el lunes, el Seprona volvió a la nave junto con inspectores de la oficina de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Lanzarote.
La Inspección de Trabajo paralizó las obras
"Ese día ya tenían cascos, arneses y guantes, pero seguían sin mascarillas", han precisado desde la Guardia Civil. En cuanto a la documentación, comprobaron que la empresa que había sido contratada para realizar ese trabajo, "en principio no estaba autorizada para tratar ese tipo material", que requiere unos permisos especiales.
Tras constatar estos hechos, la Inspección de trabajo paralizó las obras por incumplimiento de las medidas de seguridad en la manipulación y tratamiento de este tipo de material, así como por la ausencia de un plan de trabajo e incluso por la falta de aseo, ya que no había un baño al que pudieran acceder los trabajadores.
Por su parte, la Guardia Civil remitió las diligencias al juzgado de guardia de Arrecife por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Concretamente, el artículo 316 del Código Penal contempla penas de seis meses a tres años de cárcel para los que "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".
