NI SIQUIERA ABRE DILIGENCIAS AL NO VER INDICIO ALGUNO DE DELITO

El TSJC rechaza la querella de la polémica asociación de juristas contra Pamparacuatro

El Tribunal no ve indicio alguno de delito en la intervención del juez en el caso Unión, por lo que ni siquiera abre diligencias. La asociación es la misma que intentó apartar de la causa a la actual magistrada de Unión...

26 de mayo de 2016 (12:30 CET)
Actualizado el 2 de julio de 2020 (14:21 CET)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa contra el magistrado César Romero Pamparacuatro, que inició la instrucción del caso Unión. La decisión, adoptada por la Sala de lo Penal del TSJC, implica que no se ha encontrado indicio alguno de delito en la intervención de este juez en el caso Unión, por lo que ni siquiera abrirá diligencias.

La asociación presentó la querella el pasado mes de diciembre, mientras intentaba personarse como acusación popular en todas las piezas de esta causa, casi todas con la instrucción ya concluida. Después, tras lograr entrar en una de ellas, lo primero que hizo fue recusar a la magistrada que actualmente instruye la causa, Silvia Muñoz. Esa recusación acaba de ser rechazada también por la Audiencia Provincial, que ha impuesto además una multa de 1.000 euros a la asociación por actuar con "mala fe".

Entre los letrados que han actuado en nombre de esta asociación se encuentra Juan David García Pazos, que al menos en una vista del caso Unión acudió como abogado defensor de Luis Lleó. Además, García Pazos es el abogado que llevó a personarse en el caso Stratvs a una asociación ecologista de Fuerteventura, que después decidió retirarse del procedimiento y afirmó sentirse "engañada y utilizada" por este letrado, ya que cree que lo único que hizo fue "aportar ruido" y entorpecer la causa. Además, también representa a la supuesta asociación ecologista Jacón, que ha intentado sin éxito entrar en el caso Stratvs. Tanto en el caso de Jacón como en el de la asociación de juristas, ni siquiera estaban registradas oficialmente cuando empezaron a intentar personarse en distintas causas de corrupción abiertas en la isla.

"Hay ocasiones en que el acusador popular es un caballo de Troya que entra en el proceso con la panza repleta de intereses bastardos", llegaba a plantear el fiscal Javier Ródenas (reproduciendo una frase del juez Javier Gómez de Liaño), en el escrito en el que se opuso a que se aceptara el "tardío" intento de personación de estos juristas en una de las piezas de Unión, concretamente la número 12. En todos los casos, la Fiscalía se ha opuesto a que se acepte como acusación popular a esta asociación, entre otras cosas por ser una personación "extemporánea", porque solo causaría "dilaciones indebidas" y porque no está clara su identidad y podría ser en realidad "parte acusada" o tener "motivos espurios o fraudulentos".

 

Los acusados, en busca de causas de supuesta nulidad


Según publicó en diciembre el diario ABC, que adelantó el contenido de la querella contra Pamparacuatro antes incluso de que se presentara, la denuncia de la asociación de juristas se basaba entre otras cosas en que el juez firmó autos estando de vacaciones.

Cuestiones similares vienen siendo planteadas desde hace años por distintos acusados del caso Unión, que intentan con ello que se anule el procedimiento. Sin embargo, el caso tiene ya tres condenas, dos de ellas firmes, y el resto de piezas cerradas y a la espera de juicio, a excepción de una que se sigue instruyendo. En las sentencias dictadas hasta ahora, la Audiencia Provincial ya rechazó con contundencia las supuestas causas de nulidad invocadas por las defensas.

Además, también el TSJC ha rechazado otras querellas en la misma línea, en este caso presentadas directamente por Luis Lleó, que denunciaba supuestas irregularidades en la instrucción de la causa. Las dos querellas de Lleó contra Pamparacuatro también fueron archivadas, al no apreciar el Tribunal ningún indicio de delito. 

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