La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones que se seguían contra 17 personas, investigadas en el marco del caso "Unión", atendiendo así la solicitud formulada por la Fiscalía.
"La existencia de indicios justificó el despliegue de la actividad investigadora para esclarecer los hechos delictivos e identificar a los presuntos responsables, pero llegado el momento procesal y prácticamente agotada la instrucción, aun persistiendo los indicios, no existe posibilidad de obtener nuevos datos incriminatorios que permitan sostener una acusación fundada", explica la juez en su auto.
En concreto, el fiscal Javier Ródenas pidió en julio en un escrito el archivo provisional de la causa para Segundo Rodríguez, Dayran Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Celso Betancort, Demetrio Rodríguez Robayna, José Luis Betancort Acosta, María José García Acosta, Jorge Ramón Álvarez Pérez, Juan Jesús Acuña, Pedro Manuel Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Joel Delgado, Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez.
Ahora, la instrucción de esta pieza, la número 12 del caso "Unión", continuará con el resto de imputados por la presunta exigencia de comisiones ilegales por parte de cargos y ex cargos públicos de distintas administraciones locales de Lanzarote.
Respecto a las imputaciones que se han archivado, la magistrada considera que siendo "suficiente la ausencia de acusación" para dictar el sobreseimiento, resulta "recomendable" una individualización de las conductas investigadas, así como de la inexistencia de indicios, para poder comprender por qué es ahora y no en otro momento cuando se dicta este auto de sobreseimiento, y explica uno a uno por qué fueron investigados e imputados y por qué se levanta esta medida ahora.
Caso por caso
Respecto a Segundo Rodríguez, la juez recuerda que inicialmente se le atribuyó el papel de "conseguidor de comisiones" y la instrucción arrojó "indicios de la entrega de un sobre" en el aeropuerto a Matías Curbelo, que podría tener la comisión para la compra de voluntades destinadas a la concesión del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Yaiza, a favor de las empresas de Jorge Ramón Álvarez, otro de los imputados.
Sin embargo, Curbelo manifestó que el dinero pagado por Jorge Ramón Álvarez se debía "a una buena relación e, incluso, amistad", pero no se trataba de ninguna comisión ilícita. Así, pese a los indicios que partían de las conversaciones telefónicas "no existen pruebas en el procedimiento que permitan con razonabilidad necesaria el avance de la imputación", resuelve la juez. Y es que ese servicio de limpieza en Yaiza, que levantó una sonora polémica política en su momento, finalmente no fue adjudicado a la empresa de Álvarez.
Hechos no consumados
Las intervenciones telefónicas también fueron importantes para la imputación del miembro de las juventudes del PIL Dayran Muñoz y del empresario Fermín Curbelo. En ellas, Muñoz hablaba con cargos públicos y orgánicos del PIL de una supuesta "gratificación" de unos 400.000 euros, a cambio de permitir el desarrollo urbanístico de una parcela en Argana Alta.
Tras su detención, el propio Dayrán Muñoz reconoció ante el juez que estaba ejerciendo de "mediador" para conseguir esa "gratificación" y explicó que el edil Ubaldo Becerra le había trasladado que "la percepción dineraria era normal entre Ayuntamiento y empresas". Sin embargo, tras la investigación no se ha podido acreditar "pago alguno" por parte del empresario, por lo que también se ha archivado la imputación de ambos.
Con respecto a Joel Delgado, las conversaciones telefónicas entre él y el concejal Ubaldo Becerra reflejaban que el primero, concejal del PP entonces en la oposición, estaba intentando que el edil del PIL consiguiera un puesto de trabajo en el Ayuntamiento para su madre como traductora de inglés, "pese a la falta de preparación para el cargo", subraya la juez. Sin embargo, agrega que "más allá de los contactos y sugerencias, no se ha podido acreditar ni la contratación, ni el desplazamiento económico en pago por servicio alguno".
El primer detenido
La lista de personas que quedarán fuera de esta causa incluye a Alfredo Santiago Rodríguez, que fue uno de los primeros detenidos. Concretamente, se encontraba presente cuando uno de los denunciantes de Unión entregó 95.000 euros a Matías Curbelo, mientras la UCO vigilaba la operación para actuar.
En ese momento, Alfredo Santiago era el que llevaba encima el dinero, aunque la juez señala que tras las diligencias de investigación pertinentes, "no existen indicios racionales de que Alfredo Santiago conociera el contenido del sobre". El propio Matías Curbelo, que ha confesado su participación en ésta y otras operaciones de cobro de comisiones ilegales, "manifestó la ignorancia del Sr. Rodríguez, quien no sabía ni del contenido ni del negocio, siendo un mero mandatario sin conocimiento alguno, para éste y para otros muchos recados ordinarios con carácter general en cumplimiento de lo que le ordenaban sus superiores dentro del funcionamiento del partido político".
Señalados por otro imputado
En relación a Celso Betancort, la juez recuerda que para inculparle sólo se cuenta con el "sesgo incriminatorio" de la versión del imputado Matías Curbelo, pero no se ha podido acreditar si le ordenó "falsear" las cuentas del PIL. En cuanto al empresario Demetrio Rodríguez, que habría aceptado abonar una comisión de 9.000 euros para que el Ayuntamiento adjudicara unas obras a su empresa, también fue Matías Curbelo quien le inculpó. Y al no haber otras "pruebas razonables" para el sostenimiento de la acusación, la juez también acuerda su desimputación.
En la misma circunstancia se encuentra también el empresario José Luis Betancort, a quien inicialmente se investigó por si habría hecho uso de información privilegiada para que la mesa de contratación del Ayuntamiento de Arrecife le adjudicara la mayor parte de las obras del Plan E. "La falta de documentación que sostenga la investigación hace proceder el sobreseimiento provisional del mismo", señala la magistrada Silvia Muñoz.
Sobre la empresaria María José García, que estaba intentando cobrar facturas que le adeudaba el Ayuntamiento de Arrecife, los indicios partían de una llamada registrada en el teléfono de Matías Curbelo, que estaba intervenido judicialmente, y también de una reunión seguida por los agentes de la UCO. Ahora, la juez señala que no se han conseguido indicios de que pagara comisión alguna para conseguir cobrar esa deuda.
Los empresarios Juan Jesús Acuña Borges y Pedro Manuel Rodríguez García también fueron imputados por el presunto pago de comisiones ilegales, ya que Matías Curbelo dio sus nombres en su confesión. Pero más allá de la declaración, "no se han encontrado indicios suficientemente solventes para justificar las exigencias económicas y los pagos efectuados o el favor administrativo".
En el mismo supuesto se encuentra Manuel Arbelo, investigado por si hubiera llegado a contribuir a la financiación ilegal del PIL con 60.000 euros. También existían indicios que apuntaban a Ginés Parrilla, pero como ha ocurrido con otros intermediarios en el supuesto pago de comisiones, tampoco se ha podido acreditar su intervención.
Plan General
Por último, en relación con Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez Sánchez, Dimas Martín supuestamente había dado instrucciones para que se adjudicara a estos arquitectos el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife. Ubaldo Becerra, como teniente de alcalde y concejal del Plan General, y José Miguel Rodríguez, como concejal de Hacienda y Urbanismo, habrían procedido a adjudicar la redacción del avance del Plan General al grupo de arquitectos, "encabezado por el propio primo" de Becerra, Carlos Morales.
La versión que sostuvieron los citados arquitectos es que el proyecto consistía en desarrollar las ideas arquitectónicas para el futuro de Arrecife, una iniciativa "transparente en la que los arquitectos trabajarían sin presiones y con total libertad".
La juez insiste en que los planes de Dimas Martín de adjudicar el Plan General "a un arquitecto de paja", según la conversación intervenida entre el ex líder del PIL y su hija Elena Martín, "no implican necesariamente ni el conocimiento, ni la participación de los anteriores arquitectos imputados". Además, finalmente se frustró el proyecto, ya que no existió ni contratación, ni pago, ni entrega del avance realizado.
Por todo ello, la juez ha acordado en un auto el archivo provisional de las actuaciones que se seguían ellos. "Llegado el momento procesal actual y prácticamente agotada la instrucción, aún persistiendo los indicios, no existe posibilidad de obtener nuevos datos incriminatorios que permitan sostener una acusación fundada", determina la magistrada Silvia Muñoz, que continuará la instrucción de esta pieza con el resto de los imputados.
