Llevaba procedimientos judiciales del Ayuntamiento de Yaiza y representaba a la vez a los promotores pero, además, cobraba como asesor del Consistorio "en materia de derecho administrativo, y más concretamente urbanístico", según la investigación del "caso Reyes". Sin embargo, durante la instrucción de la causa, Felipe Fernández Camero ha negado sistemáticamente haber influido en la política urbanística que se siguió durante la Alcaldía de José Francisco Reyes.
Ahora, la Fiscalía sigue considerando a Fernández Camero como el supuesto "inductor" de la conducta presuntamente delictiva del ex alcalde, pero pide archivar los cargos que pesaban contra él por presuntos delitos de prevaricación urbanística y cohecho, ya que no se ha podido acreditar su participación directa. Algo especialmente difícil en este caso, ya que en realidad no era "autoridad o funcionario público", y tampoco hay, según subraya el fiscal, "ningún informe escrito" en el que aconseje la concesión de las licencias que se investigan.
Sin embargo, precisamente por ello, la Fiscalía sí mantiene los cargos contra Felipe Fernández Camero por un presunto delito de malversación de caudales públicos. De hecho, ha pedido que se abra otro procedimiento con unas nuevas diligencias, en el que estarían imputados el propio Camero, además del ex alcalde, José Francisco Reyes, y el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes.
La investigación sostiene que, al margen de los honorarios que recibía Fernández Camero por los juicios contencioso-administrativos en los que representó al Ayuntamiento de Yaiza, y por los procedimientos penales en los que defendió a Reyes y a algunos de los técnicos municipales, también recibió otros pagos del Consistorio, en concepto de "asesoramiento jurídico".
Ese dinero lo cobró entre los años 1996 y 2008, "directamente como persona física o como administrador de la empresa Adelfas 24 S.L.", y la Fiscalía considera que podría constituir un delito de malversación de caudales públicos. Y es que si se descarta su participación en la supuesta prevaricación urbanística, por falta de pruebas de que realmente existiera ese asesoramiento, podría entenderse que los pagos fueron presuntamente fraudulentos.
"Cuasiomnipresente"
Respecto a los otros delitos que se le imputaban hasta ahora a Fernández Camero, el escrito del fiscal sostiene que "los indicios delictivos existen ciertamente, pero sin la consolidación suficiente" como para que la Fiscalía "pueda sostener la acusación contra él".
Al respecto, la Fiscalía subraya que Camero ha desarrollado "un papel cuasiomnipresente", defendiendo tanto al Ayuntamiento como a los promotores urbanísticos que recibieron las licencias que fueron anuladas por los tribunales, así como en la defensa de unos y otros en la vía penal, donde después pasó a estar imputado él mismo.
Además, se refiere expresamente a uno de los casos, el del Puerto Deportivo Marina Rubicón, y subraya que defendió "en nombre del Ayuntamiento los intereses urbanísticos de los promotores particulares, a la sazón también clientes suyos, con mayor virulencia que los de la propia administración". Como ejemplo, la Fiscalía subraya que pidió que se le impusiera una fianza a la persona que denunció esta obra, pese a que ni los mismos empresarios lo habían pedido, y que aportó a ese proceso, "a sabiendas, información contraria a la realidad".
La Fiscalía también considera "sorprendente" el "acceso que ha demostrado tener a lo largo de esta causa" a documentación de los expedientes del Consistorio, "que no tenía ni el propio Ayuntamiento", así como la "confluencia de intereses económico-inmobiliarios" que tenía con Juan Francisco Rosa, "al menos en la mercantil Lanzasuiza S.L.".
En la misma línea, destaca que el Ayuntamiento y los promotores, que también eran clientes del despacho de Fernández Camero, mantuvieron criterios jurídicos idénticos en la defensa de las licencias que después fueron anuladas, y que el Consistorio tuvo "una permanente y objetivada estrategia de ocultación de información trascendental, y de preceptivo y obligado cumplimiento", que permitió evitar "los instrumentos de control o de supervisión que pudieran haber impedido la concesión" de esas licencias. Y todo ello, mientras "la autoridad municipal a la que supuestamente asesoraba" Felipe Fernández Camero, "quebrantaba la prohibición de concesión de licencias, cuando se había suspendido dicha potestad".
Sin embargo, ninguno de los imputados en la causa, ni el ex alcalde ni los cuatro técnicos del Ayuntamiento, han vinculado a Fernández Camero con la concesión de esas licencias y han negado haberse visto influidos por su criterio. Además, tampoco hay constancia escrita de ese asesoramiento, por lo que se archivarán los cargos de cohecho y prevaricación, aunque continuará imputado por presunta malversación de fondos públicos, por esos pagos que recibió del Ayuntamiento como supuesto "asesor".
Otras causas pendientes
Además de en el "caso Reyes", el abogado Felipe Fernández Camero también está imputado en otras causas, como en el caso de La Bufona. Además, fue detenido en el marco del "caso Unión", por el que actualmente está en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
En ese procedimiento se investigan, entre otras cosas, los contratos y pagos presuntamente irregulares a la empresa Urbaser por parte del Ayuntamiento de Arrecife, cuando Fernández Camero era secretario de esa Corporación. En esta causa, se le investiga por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y alteración de concursos públicos.
