La Ley del Suelo aprobada en el Parlamento de Canarias y publicada en el Boletín Oficial el pasado 13 de junio podría vulnerar la Constitución. Eso es lo que concluye un dictamen encargado por la Fundación César Manrique, que analiza la constitucionalidad de esta ley y concluye que hay incumplimientos en dos de los aspectos más controvertidos: la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico y las potestades de ordenación urbanística.
El dictamen ha sido elaborado por Marcos Vaquer Caballería, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, y sus conclusiones serán entregadas por la Fundación César Manrique a la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, con el propósito de elaborar un recurso de inconstitucionalidad que será presentado por Unidos Podemos.
En el apartado de la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico, el dictamen identifica motivos de inconstitucionalidad en tres contenidos relevantes de la Ley: el régimen de los asentamientos rurales, la ampliación de usos ordinarios del suelo rústico y el requisito de la integración en la malla urbana para la clasificación como urbano del suelo.
"Una fuente potencialmente inagotable de recursos"
En lo que concierne a las potestades de ordenación urbanística, el dictamen pone en cuestión cómo se tratan en la Ley del Suelo las relaciones internormativas entre distintos entes territoriales, cuya autonomía está garantizada por la Constitución. Asimismo, cuestiona la constitucionalidad de los contenidos de la Ley referidos a la nulidad radical de los planes que excedan del mínimo contenido necesario, que, además, constituye, a juicio del profesor Marcos Vaquer, "una fuente potencialmente inagotable de recursos contencioso-administrativos".
Por último, en este apartado se estudian desde una perspectiva constitucional los instrumentos extraordinarios de ordenación, y en particular los proyectos de interés insular o autonómico. Sobre ellos, señala que serían inconstitucionales por la "indeterminación de los supuestos legitimadores", por saltar por encima del sistema ordinario de planificación y romper la autonomía municipal. Y también, según la FCM, el dictamen considera inconstitucional que estos proyectos se alineen, en algún artículo, con las "ordenaciones sin efectos significativos sobre el medio ambiente […] a los efectos de someterlos a evaluación simplificada".
Experto en derecho, suelo, vivienda y sostenibilidad
Marcos Vaquer Caballería es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de seis monografías y de más de cincuenta artículos en revistas científicas y capítulos en libros colectivos. Ha impartido cursos y conferencias en diversas Universidades extranjeras, como las de Nueva York (NYU, EE.UU.), Pavía y Sassari (Italia), Paris Ouest (Francia), del Externado (Colombia), la Andina Simón Bolívar (Ecuador) o la Alberto Hurtado y la Católica de Valparaíso (Chile).
Ha desempeñado los cargos de subsecretario de Vivienda y presidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES (2008-2010), director general de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda (2004-2008) y miembro del bureau del Comité de Vivienda y Gestión de Suelo de UNECE en Naciones Unidas (2006-2008). También ha participado como experto en varios proyectos de asistencia técnica internacional de la Unión Europea en Iberoamérica (Ecuador: 2014, Paraguay: 1995, 1998) y coordinó entre 2006 y 2008 el punto focal español del consorcio URBANNET, una red europea para el fomento de la investigación sobre sostenibilidad urbana.
