La sección segunda de la Audiencia provincial de Las Palmas ha decidido, en un auto emitido el pasado mes de junio, reabrir la causa abierta por el derribo de un edificio histórico en el número 33 de la Calle Real de Arrecife. El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Arrecife decidió el pasado mes de febrero archivar la causa, pero la Fiscalía recurrió y la Audiencia le ha dado la razón. En este auto, la Sala obliga al Juzgado a realizar las diligencias de investigación que pide el fiscal Ignacio Stampa.

La Audiencia considera que el auto de archivo del Juzgado se contradice con algunos términos de un auto anterior de ese mismo Juzgado, en el que se reconocía que en las actuaciones obran “elementos incriminatorios en cuanto a la actuación de los imputados” y que “existen argumentos para considerar que el bien (el edificio) está singularmente protegido”.

El edificio estaba incluido en el catálogo arquitectónico municipal, que fue recurrido en los tribunales y anulado porque se tramitó como un instrumento autónomo y no dentro del Plan General. Destaca la Audiencia que esa anulación fue por “cuestiones procedimentales” y que es posterior “a la demolición del edificio, por lo que, en principio, y sin prejuzgar el fondo del asunto, no afectan a los hechos imputados por el Ministerio Fiscal.”

Conversaciones grabadas de "Unión"

El fiscal pedía al Juzgado que se incorporaran a la causa algunas conversaciones grabadas dentro de la Operación "Unión", que tenían relación con el derribo de este edificio. Esas pruebas se habían pedido anteriormente, pero el Juzgado Número 5 de Arrecife remitió otras conversaciones distintas. Considera la Fiscalía que la transcripción de esas conversaciones puede resultar “relevante para la investigación de los hechos”.

También pedía que se unieran a la causa el resto de las pruebas documentales acordadas y que se tomara declaración a una testigo, que no declaró antes porque se encontraba fuera de la isla. El Juzgado deberá llevar a cabo ahora estas diligencias.

En la causa siguen imputados, por lo tanto, la ex alcaldesa María Isabel Déniz y cuatro miembros de su Junta de Gobierno del año 2006 (Manuel Pérez Gopar, Luis Morales, Juan Antonio Santana y Nuria Cabrera), así como los propietarios del inmueble, la Inmobiliaria Chimida, dos trabajadoras de la Oficina técnica municipal, Sheila Betancort y Penélope Tabares; y el ex jefe de esta oficina, Rafael Arrocha. Se les imputaban los delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico.

Los hechos

Los hechos se remontan a enero de 2006, cuando el Ayuntamiento concedió permiso de demolición de esa casa a la Inmobiliaria Chimida, que derribó el inmueble. Se abrieron diligencias en 2008 y hace más de dos años declararon los primeros imputados. El pasado mes de enero lo hicieron los cargos públicos que la Fiscalía apuntaba como responsables del derribo al otorgar la licencia.

La casa pertenecía al conjunto de "casas altas" decimonónicas de Arrecife y sus antiguos propietarios fueron la familia Aldana, que la construyó a principios del Siglo XIX. Tenía 22 dependencias, aljibe, pozo de agua salada y dos patios. En ella vivió y pasó consulta el doctor José Molina Orosa, que hoy da nombre al Hospital General de Lanzarote. También vivió en esa casa Guillermo Topham Walsh. En la actualidad no se ha edificado sobre el solar que quedó tras la demolición.

El Cabildo de Lanzarote elaboró un informe sobre la vivienda, que calificaba el derribo como "nulo de pleno derecho, administrativamente susceptible de ser sancionable y penalmente perseguible". También decía que "tal destrucción fue un hecho ilegal y las administraciones públicas, incluida la Fiscalía, han de actuar en consecuencia".

ACN Press