El activista uruguayo José Morales, que ya se encuentra en Uruguay tras la expulsión dictada por la Delegación del Gobierno en Canarias, recurrirá ante la justicia ordinaria dicha expulsión mediante un recurso contencioso administrativo y pedirá, como medida previa, que se deje sin efecto esa expulsión y se le permita entrar de nuevo a España.

Fuentes de su defensa aseguran que el expediente administrativo por infracción a la ley de seguridad ciudadana ni siquiera había finalizado esa vía administrativa, quela medida es “completamente desproporcionada” y que puede crear un grave precedente ya que por los mismos hechos, a ciudadanos españoles se les ha multado con 300 euros y a Morales se le ha expulsado del país.

La defensa de Morales señala que no se conoce ningún caso similar de expulsión de un extranjero en estas condiciones: sin orden judicial, con permiso de residencia y trabajo, con arraigo de diez años en España y con una hija de cinco años que es española. Considera que el modo de expulsión es un procedimiento extraordinario que sólo se aplica en otro tipo de casos, cuando la persona no tiene ningún tipo de arraigo ni documentación.

Fuentes de la defensa consideran que sólo cabían dos opciones para expulsar Morales, y las dos son extraordinarias: la expulsión express o el internamiento en un centro para extranjeros y consideran que un juez nunca hubiera autorizado ese internamiento porque tenía permiso de residencia y trabajo. La defensa considera muy sorprendente la medida y cree que se puede anular en los tribunales ya que hay precedentes que hablan del arraigo para evitar la expulsión.

Según señalan personas que han podido hablar con Morales tras su llegada Uruguay, al activista uruguayo lo acompañaron hasta Montevideo, vía Madrid, dos policías que lo trasladaron siempre esposado, y que dentro del avión le pusieron un arnés al que le ataron las manos. “No dejaron constancia documental de su expulsión y sólo está reflejado en su pasaporte la entrada en Uruguay, pero no la salida del Estado español”, aseguran.

Estas mismas fuentes afirman que “siguen su camino todos los procedimientos ante los tribunales, tanto por violación de los convenios internacionales de protección de los derechos humanos, como por la propia violación de la legislación española, al no haberse atendido los recursos presentados contra la expulsión.

ACN PRESS