La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará este martes en Lanzarote al propietario de una cafetería de Costa Teguise por presuntamente defraudar más de 158.000 euros a la Seguridad Social al no pagar las cuotas de sus trabajadores durante casi cuatro años.
En el escrito de acusación al que ha accedido La Voz, expone que O.M.M.F. era administrador de Valto Café SLU, una empresa que gestionaba el Bar Surwings, situado en la playa de Las Cucharas de Costa Teguise. En concreto, el Ministerio Fiscal expone que el acusado "no ingresó las cuotas que le retenían a los trabajadores" desde octubre de 2016 hasta enero de 2020. En concreto, entre intereses, costas y recargos, la cantidad defraudada asciende a 158.981,04 euros.
La Fiscalía señala que el acusado "con la evidente finalidad de frustrar el cobro", pero de continuar con la actividad hostelera, constituyó una mercantil, con domicilio y objeto social idénticos a la anterior. La creación de esta mercantil no supuso que asumiera las deudas de la anterior, pero sin darle de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social y "sin tener trabajadores ni medios materiales".
El Ministerio Fiscal clasifica estos hechos como constitutivos de un delito contra la Seguridad Social agravado y un delito de alzamiento de bienes.
Por ello, pide cuatro años de prisión, una multa de 600.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de diez meses de prisión en caso de impago, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por seis años, así como la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas por el delito contra la Seguridad Social.
Además de otros cuatro años y seis meses de cárcel, una multa de 21 meses a 200 euros al día y con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
A ello, se suma el pago de la responsabilidad civil subsidiaria, con el pago de 158.981,04 euros, en calidad del dinero defraudado a la Tesorería General de la Seguridad Social.