Tribunales

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el acusado de agredir sexualmente de su sobrina

A ello se suma, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su sobrina y de comunicarse con ella por cualquier medio en los siguientes siete años

Fachada juzgados de Arrecife. Foto: José Luis Carrasco. Empleo.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo martes 23 de julio en Arrecife a el acusado de agredir sexualmente de su sobrina en una vivienda de la capital de Lanzarote.

Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de marzo de 2023, cuando el acusado L.J.S.M. convivía con su hermano y su sobrina en la vivienda familiar.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha podido acceder La Voz, el hombre presuntamente se aprovechó de la relación familiar y de conviviencia con su sobrina, para meterse en su cama mientras dormía, meter su mano por debajo de la camiseta y tocarle un seno, en un momento en el que no estaba su hermano en la vivienda. 

El Ministerio Público califica estos hechos como un delito de agresión sexual  y pide para el acusado cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, una medida vigilada por siete años, después de cumplir la pena de prisión y la inhabilitación especial para desarrollar cualquier profesión, oficio o actividad, retribuidas o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante siete años.

A ello se suma, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su sobrina y de comunicarse con ella por cualquier medio en los siguientes siete años. 

Al tratarse de un ciudadano en situación administrativa irregular, por ser un ciudadano venezolano sin su situación regularizada, la Fiscalía pide que tras cumplir los dos tercios de la pena, se sustituya el resto por la expulsión del territorio español y la prohibición de regresar a España en seis años desde la fecha de la expulsión. Además, de que se archive "todo procedimiento administrativo" que baraje la autorización para trabajar o residir en el país.

Para concluir, la Fiscalía solicita una indemnización de 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la víctima.