La Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha sacado a licitación las obras "urgentes" para renovar y reparar las redes hidráulicas de Lanzarote y La Graciosa.
El área madrileña, dirigida por Carlos Novillo, es la encargada de cubrir los 35,6 millones de euros de la licitación. En concreto, se prevé que el contrato dure tres años y se divida en dos lotes: los trabajos en los municipios de Arrecife, Tías y Yaiza; y los de Teguise, San Bartolomé, Tinajo y Haría.
Como se recordará, Canal Gestión Lanzarote es una filial de Canal Isabel II, una empresa pública de la Comunidad de Madrid, que desde 2013 se encarga de la gestión del agua en Lanzarote después de su privatización, de manos del expresidente del Cabildo Pedro San Ginés. Así, por el momento, esta filial tiene un contrato con el Consorcio del Agua durante 30 años, hasta 2043.
La empresa madrileña es la encargada del mantenimiento del sistema de tuberías de la isla, que presenta una pérdida del 53% del agua que se desala.
La situación del agua en Lanzarote es de sobra conocida por sus residentes, que sufren diariamente los cortes del suministro. Ya el anterior grupo de gobierno, dirigido por Dolores Corujo, exigió a Canal Gestión el cumplimiento del contrato.
Asimismo, según las memorias de cuentas anuales de Canal Gestión, publicadas en su portal de Transparencia, la empresa acumula años de pérdidas continuadas desde sus primeros meses de actividad en la isla en 2013. Desde entonces, solo en el año 2019 se consiguió no cerrar el ejercicio con pérdidas.
Además, en las cuentas anuales de 2022, Canal Gestión solicitó un crédito de 153 millones de euros a Canal Isabel II para "cumplir con sus compromisos de pago e inversiones". En ese ejercicio, cerró con una pérdida anual de 12.369 euros. Al año siguiente, el pasado 2023 ascendió a un saldo negativo de 13.557 euros.
Sobre su empresa matriz, Canal Isabel II está inmersa en una causa judicial en un Juzgado de Madrid, conocida como Operación Lezo. Este proceso judicial investiga al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) y a otras once personas por el presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal Isabel II a cuentas personales de miembros del Partido Popular madrileño.
A lo que se suman las diferentes polémicas que siguen a Canal Isabel II en países de América Latina, donde se expandió hace una década.